Junta y Fiscalía Superior de Andalucía fortalecerán la respuesta y asistencia a las víctimas, además de reducir los efectos de una segunda victimización, según consta en el convenio de colaboración que han firmado la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago.
El convenio establece que, en virtud de lo dispuesto en la ley que regula el Estatuto de la Víctima del Delito, se hace necesario hacer más efectiva la protección de las víctimas y sus derechos, con especial consideración a quienes sufren una especial vulnerabilidad, como menores de edad, mujeres que sufren violencia de género o personas con discapacidad.
Para ello, el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, emitirá un informe de vulnerabilidad tras llevar a cabo una evaluación individual de las víctimas con necesidades de especial protección y seguridad.
Además, el convenio prevé reforzar la coordinación del fiscal delegado de Víctimas con el SAVA en todos aquellos supuestos en los que se detecte la existencia de circunstancias que determinen una especial vulnerabilidad. Con tal fin, se mantendrá una reunión mensual de seguimiento de los procesos que afecten a estas víctimas.
El acuerdo contempla, igualmente, que el SAVA comunicará a la fiscalía de Víctimas y a la de Vigilancia Penitenciaria, y a la de Violencia de Género en su caso, cuando una víctima haya hecho uso del derecho a ser notificada sobre todas las resoluciones judiciales que le afectan.
Rosa Aguilar y Ana Tárrago han firmado también la renovación del protocolo general de actuación para la organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre Consejería de Justicia e Interior y Fiscalía Superior de Andalucía, foro de encuentro, análisis, debate y estudio que deberá reunirse cada seis meses.
El SAVA llevó a cabo entre los meses de enero y julio de este año un total de 41.914 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social. De esas prestaciones se beneficiaron en la comunidad andaluza 6.646 personas, el 85,6% mujeres, que accedieron a un recurso gratuito ubicado en las sedes judiciales, donde se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran.
El objetivo fundamental de este servicio es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención de carácter interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.
