El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este viernes por unanimidad una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a reconocer una ayuda social por importe de 12.020,24 euros, en dos anualidades, a las personas afectadas por hemofilia u otras coaguolopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C, como consecuencia de haber recibido transfusiones o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la comunidad.
Según se recoge en la iniciativa aprobada, podrán acogerse a estas ayudas cuando se cumplan unos requisitos. En el caso de fallecimiento de estas personas, podrán recibir la ayuda los hijos menores de edad y los mayores incapacitados, por partes iguales; en defecto de ellos, el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente con análoga relación de afectividad durante, al menos los dos años anteriores; y ante la ausencia de ellos, los padres de las personas fallecidas.
Además, se indica que los afectados deberán renunciar previamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las administraciones públicas sanitarias, sus autoridades o los profesionales que presten servicio en ellas.
Otro de los requisitos es no haber obtenido una sentencia condenatoria contra cualquiera de las administraciones públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud por contagio del virus de la hepatitis C, ni hayan percibido, por el mismo concepto, ayuda de otra comunidad autónoma.
Junto a ello, se ha pedido a la Junta que tramite, resuelva y pague las citadas ayudas a través de la consejería competente en materia de Salud, previa convocatoria pública. En aquellos procedimientos en los que no recaiga resolución dentro del plazo de seis meses desde la publicación de la convocatoria, se entenderán desestimadas las solicitudes.
Según se recoge, el importe total de la ayuda asciende a 3.305.566 euros, ya que el número de personas afectadas por hepatitis Cs en Andalucía incluidas en el censo nacional es de 275. Así, se plantea que para este año se presupuestará la cantidad de 1,5 millones, quedando el resto para el Presupuesto de 2020. Además, estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse o haberse otorgado por la Administración del Estado al amparo de la Ley de 2002 al respecto.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Beatriz Jurado ha explicado que el virus de la hepatitis C fue identificado y descrito a mediados de 1989 pero hasta el año 1990 no se dispuso de los medios técnicos adecuados para prevenir su transmisión por lo que algunas personas resultaron contagiadas y desarrollaron la enfermedad como consecuencia de los tratamientos recibidos en el sistema sanitario público.
Según ha añadido, todas las comunidades autónomas salvo Andalucía han aprobado ayudas sociales complementarias a las del Estado por un importe aproximado de 12.000 euros. «Por razones de equidad consideramos que Andalucía debe reconocer una ayuda social a las personas afectada en el sistema sanitario público andaluz por un importe semejante al reconocido por el resto de comunidades, garantizando así el mismo trato a sus ciudadanos», ha dicho Jurado, quien ha criticado que el anterior Gobierno del PSOE-A no planteara soluciones para estas personas.
Por su parte, la diputada del PSOE-A Noemí Cruz ha manifestado que, sin duda, los afectados merecen las ayudas sociales complementarias y ha preguntado al PP-A qué necesidad tenía de plantear la proposición no de ley cuando ya había un acuerdo y consenso sobre el tema. Ha indicado que el PP-A utiliza a las personas afectadas para hacer un «mal teatro de la política» e intentar sacar «algún rédito político», porque una proposición no de ley «no arregla nada». Ha señalado que el PP-A sabe perfectamente que el anterior gobierno del PSOE-A estuvo comprometido con las personas afectadas y que hubo un camino «lleno de obstáculos» para que recibieran las ayudas sociales.
El parlamentario de Ciudananos (Cs) Ramón Samper ha manifestado que este asunto debería haber estado resuelto hace años y, sin embargo, el anterior Gobierno del PSOE-A no dio respuesta y se creó un «agravio» respecto a los ciudadanos de otras comunidades. «Es necesario satisfacer la demanda de estas personas, que llevan reclamando desde hace más de una década la igualdad de trato y desde Ciudadanos lo vamos a apoyar sin reservas, porque sí apoyamos la igualdad y damos respuesta a los problemas de los andaluces», ha dicho Samper, para quien es de «justicia» que los afectados se vean compensados, como ha ocurrido en el resto de comunidades.
La diputada de Adelante Inmaculada Nieto ha indicado que resulta paradójico que el PP-A optara por plantear una proposición de ley sobre este asunto cuando estaba en la oposición, mientras que ahora que está en el Gobierno la «rebaja» a una proposición no de ley. Para Nieto, no tiene defensa la demora con la que esas ayudas han llegado a las casas de las familias afectadas, pero es «poco elegante» y no es razonable torcer el hilo de los acontecimientos para sacar un «rédito electoral, político o de loa al nuevo Gobierno», jugando con las personas que lo han pasado muy mal.
El diputado de Vox Rafael Segovia ha manifestado que votarían a favor de la iniciativa popular por un principio de equidad entre los españoles, ya que Andalucía ha sido la única comunidad que no ha hecho efectiva estas ayudas, y ha preguntado, no obstante, por qué estos pacientes merecen una ayuda que no merecen pacientes por otras patologías.
