Atendiendo a que, desde el pasado fin de semana, Uber ha comenzado a prestar servicio en distintos municipios de la Bahía de Cádiz (concretamente, en la capital, San Fernando, El Puerto de Sta. María y Puerto Real), FACUA Cádiz ha expresado su solidaridad con los taxistas y, al mismo tiempo, reclama a los ayuntamientos que, en el ámbito de sus competencias, implanten o modifiquen las ordenanzas municipales para defender los intereses de la parte más débil, en la que esta organización incluye tanto a los profesionales del sector del taxi como a los usuarios de este servicio.
A tal efecto, considera imprescindible que los ayuntamientos no sólo escuchen a los taxistas sino que también cuenten con la participación de los usuarios, que, a juicio de esta entidad, no pueden permanecer como meros espectadores. Por ello, va a dirigirse a los ayuntamientos en los que Uber ha iniciado su actividad para plantearles esta necesidad y exigirles que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos de los pasajeros.
Al mismo tiempo, FACUA Cádiz advierte que la supervivencia del taxi, servicio público con obligaciones y tarifas máximas reguladas, cuyo cumplimiento es controlado por las administraciones, resulta imprescindible, ya que, entre otras cuestiones, garantiza que las VTC (Vehículos Con Conductor) como Uber no acaben inflando sus precios.
Una diferencia notable entre ambos servicios la encontramos en las tarifas. Las tarifas del taxi están reguladas a través de una ordenanza municipal mientras que los precios de los servicios de Uber no están sujetos a regulación administrativa por lo que pueden variar, pudiendo ser inferior al precio del taxi pero también superior, atendiendo a las reglas de oferta y demanda que en cada momento puedan producirse.
En este sentido, FACUA Cádiz recuerda que, a través de su organización estatal, ha reclamado a Uber que rectifique diez cláusulas de sus condiciones contractuales al considerar que podrían ser abusivas.
