El abogado Francisco Torres ha indicado este martes que ha sido Patricia Ramírez la que ha «optado» por pedir la nulidad y repetición del juicio con tribunal de jurado por el crimen de su hijo Gabriel porque «era necesario hacer justicia» y porque considera que «es una obligación moral» que se condene a la asesina, Ana Julia Quezada, por ensañarse con el pequeño al darle muerte.
«La necesidad de que se haga justicia ha primado sobre esa vuelta a revivir el dolor de un proceso judicial y mediático», ha trasladado en rueda de prensa Torres, quien ha remarcado que «no se puede dejar sin castigo que existan tanto hematomas y hemorragias en el cuerpo del niño y que los forenses se limiten a decir que le tapó la nariz y la boca».
El letrado de la acusación particular ha explicado que, con anterioridad a la interposición del recurso supeditado de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha sopesado «con todo el equipo de psicólogos los pros y los contras» con respecto a la incidencia que las posibles consecuencias de una estimación del recurso en el estado emocional de Patricia Ramírez y Ángel Cruz.
«Ya nos llamó la atención al emitirse el veredicto la carencia de motivación para rechazar la agravante de ensañamiento, el único pedimento de esta acusación que el jurado no había aceptado pese a que está absolutamente claro, y pensamos en recurrir pero valoramos que eso pasaba por el hecho necesariamente de poner nuevamente a la familia en la repetición del dolor y llegamos a la conclusión de que la agravante de alevosía, si bien no cubría todas la expectativas, permitía la aplicación de la prisión permanente revisable sin mayores problemas», ha señalado.
Torres ha relatado que, tras ese primer instante y «aún con el regusto amargo de que algo tan trabajado no hubiera salido adelante», la madre de Gabriel, pese a ese «daño adicional» que la repetición del juicio pudiera suponer, «optó porque era necesario hacer justicia». «Eso ha sido lo que ha primado, esa necesidad de los padres de que se haga justicia más allá del recurso que ha presentado la defensa y porque la diferencia punitiva en la actualidad es nula», ha insistido en referencia a la consecución de la condena a prisión permanente revisable.
Tras remarcar que este recurso de apelación de la defensa de Quezada y que han impugnado «no tiene ni pies ni cabeza» al «atacar directamente los hechos probados», el letrado que, al margen de la falta de motivación, su recurso se basa «sobre todo en las indicaciones que la magistrada-presidenta da al terminar el juicio», lo que ha achacado a un «exceso de rigor que provocó que, finalmente, sugiriera el veredicto» al jurado.
«INDIRECTAMENTE, LA MAGISTRADA-PRESIDENTA SÍ HA INFLUIDO»
«Indirectamente sí ha influido», ha dicho en relación a la magistrada Alejandra Dodero, si bien ha matizado que lo hizo «a los solos efectos» de la agravante de alevosía. «La única parte que ha sido objetivamente perjudicada por la forma de dar indicaciones ha sido esta parte aunque creemos que sin ninguna intencionalidad», ha apuntado para añadir que precisamente en esas instrucciones «radica gran parte del éxito y el fracaso de un jurado, por lo que han de ser lo más neutras posible».
Ha aludido, en concreto, al ejemplo que la presidenta del tribunal dio a las siete mujeres y dos hombres del jurado popular para ilustrarles sobre lo que es el ensañamiento. «Fue tal la subida de listón que era prácticamente imposible que el jurado pudiera entender que hubiera ensañamiento porque el caso concreto hablaba de cortar la lengua y un dedo y enseñarlo a la víctima», ha remarcado para ahondar en el que «colocó a los jurados en una tesitura de difícil salida que les hizo tirar por el sitio más fácil: dar credibilidad a los forenses que habían hecho la autopsia, que iba en la línea de la indicación que la magistrada acababa de dar».
«FALTA DE RESPETO BRUTAL»
Torres también ha sido especialmente crítico con el Ministerio Fiscal, del que ha dicho que transmitía la «imagen de ser otro elemento más defensor» de la acusada, Ana Julia Quezada, y al que ha reprochado que afease en sala a la acusación «que nos inventábamos delitos en relación a los dos delitos contra la integridad moral, que finalmente se consideraron probados por el jurado».
«La falta de respeto tan brutal que yo sentí en la forma en que la fiscal se dirigió a los médicos que presentó esta acusación para acreditar el ensañamiento –que no apreció la Fiscalía– nos llamó la atención y, a día de hoy, no entendemos cuál fue su papel», ha trasladado.
Sobre la posibilidad de que prospere el recurso supeditado de apelación elevado al TSJA, Torres ha señalado que son «ya cuestiones de política criminal» y ha reflexionado sobre «qué imagen dejaría de la justicia que un asunto tan mediático en el último instante se torciera y provocara la repetición del juicio. Esa imagen no es buena como tampoco lo es para la institución del jurado, con cada vez más detractores».
«No sé si primaran o no esas razones, que podría tener cierto sentido, o estrictamente la de justicia, que es la de que el jurado no estuvo capacitado para poder decidir si había o no ensañamiento», ha concluido.
RECURSO
Pese a la apelación, la acusación particular impugna el recurso de la defensa de Quezada y pide a la sala que no atienda el pedimiento de repetir el juicio «no solo por razón de imagen de la justicia sino también por el respeto debido a la institución del jurado».
Solicita, de este modo, que confirme en todos sus extremos la sentencia que la condenó a prisión permanente revisable como autora de un delito de asesinato con alevosía y a penas de ocho años y tres meses de cárcel como autora de dos delitos de lesiones psíquicas y otros dos contra la integridad moral de los padres del pequeño Gabriel.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita la anulación del juicio y lo hace, en primer lugar, por el hecho de que el jurado negase la existencia de ensañamiento.
Argumenta la acusación particular que la pericial de parte que presentaron, que apuntaba a que las lesiones que presentaba el niño se produjeron antes de la asfixia, «tenía bastante más sentido común» que la pericial médico forense y critica «la falta de respeto» a los profesionales médicos por parte de la fiscal, cuya actuación con respecto a ellos tilda de «desaforada».
Añade el letrado Francisco Torres que esta pericial se encargó al «comprobar» que en el informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) «no casaban bien los múltiples hematomas y hemorragias» de Gabriel «con que la causa de muerte fuera simplemente taponar la boca y orificios nasales para asfixiar» y llama la atención sobre la existencia de «un edema cerebral producido en vida».
«Todas las lesiones que tienen en la cabeza son en vida», insiste para volver a la tesis de que «tuvo una larga agonía», a la de que la intención de Ana Julia Quezada era «desmembrarlo» y hacer un desglose exhaustivo desglose de las lesiones que tenía el cuerpo sin vida del pequeño. «¿Cómo pueden integrarse todas estas lesiones, hematomas y hemorragias en el relato que dan los forenses de que la muerte simplemente fue por asfixia?», se pregunta para concluir que «no hace falta ser médico para evidenciar que hay un sufrimiento importante».
El recurso concluye afirmando que «hay ensañamiento porque el calado de las lesiones que sufrió Gabriel añaden un plus de sufrimiento, a todas luces, innecesario y en vida» y que la motivación que da el jurado para rechazarla «no está argumentada porque ha sido, aunque no deliberadamente, directamente inducida por las instrucciones de la magistrada-presidenta, lo que supone una vulneración de la tutela judicial efectiva».
