Las unidades de la Guardia Civil destinadas en la frontera del Tarajal contarán desde este miércoles con el refuerzo de cuatro vigilantes de seguridad privada en horario de mañana y de seis por las tardes para intentar «mejorar los flujos fronterizos» por el único paso operativo para vehículos y viandantes entre Ceuta y Marruecos.
Ese personal está contratado por el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) y hasta octubre se encargaba de controlar el tránsito de porteadores con mercancías por el puente peatonal del ‘Tarajal II’, cerrado desde hace más de tres meses por la negativa del Reino alauita a mantener el comercio transfronterizo que considera contrabando.
Fuentes de la Administración local han explicado a Europa Press que los vigilantes privados empezarán a trabajar en la frontera oficial conforme a un plan de seguridad que ya ha sido validado por el Cuerpo Nacional de Policía.
El Gobierno de Ceuta trasladó por escrito la semana pasada a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, un escrito con seis reivindicaciones «urgentes», la primera «que se incrementen, de manera inmediata las dotaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera al objeto de evitar que, en relación con la inmigración irregular de marroquíes y argelinos adultos y menores, la frontera de hecho esté en el Puerto».
Según Vivas, «el Tarajal ha llegado a un punto límite porque la situación de precariedad en la que se encuentra la frontera desde el punto de vista de las instalaciones, de los medios y sobre todo del personal no ha estado nunca como ahora».
A los colapsos de hasta ocho horas de espera que se registran para salir o entrar a Ceuta se han sumado durante las últimas semanas de nuevo las avalanchas que cientos de ciudadanos marroquíes dedicados a llevar mercancías adquiridas en suelo español organizan en el Tarajal para, en masa, superar los controles de las Fuerzas de Seguridad y conseguir introducir sus bultos en el país vecino pese a las restricciones de sus aduaneros.
