La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha trasladado un mensaje de aliento a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz que, a su juicio, están comportándose de una manera ejemplar en el actual contexto de pandemia. Una actitud demostrada “con lealtad y diligencia, pese a la escasez de recursos económicos y materiales”. Ha reiterado que, en cuanto las circunstancias lo permitan, convocará al Consejo de Alcaldías para decidir entre todos el destino de las inversiones que podrá asumir la Diputación”.
Irene García considera que los servicios sociales, que repercutan en la población más vulnerable, tendrán una evidente preferencia, sin olvidar el desarrollo de “un plan de empleo para la provincia de Cádiz que, si antes era necesario, ahora es imprescindible”, según ha dicho. Al respecto ha indicado que “la Junta de Andalucía debe trabajar ya en ese plan de empleo”. Irene García también reclama “el uso sin límites del superávit y los depósitos bancarios”, en consonancia con el planteamiento de revisión legislativa que la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado al Gobierno de España.
Desde que empezó la crisis sanitaria las entidades locales, según ha estimado Irene García, no cuentan con el reconocimiento que la legislación y su confirmada competencia merecen. Y alude, como ejemplo de esa afirmación, al suministro de equipos de protección aportado en cuatro fases desde la Junta de Andalucía: Garcia ha afirmado que no les casan algunos datos que se publican como los 3,8 millones de mascarillas de las que, según ha dicho, no saben su destino. A los servicios de ayuda a domicilio que presta la Diputación de Cádiz, en coordinación con ayuntamientos y empresas adjudicatarias, les ha llegado un total de 21.354 mascarillas, para 4.084 usuarios en el conjunto de la provincia. La presidenta de la diputación ha asegurado que apenas da para seis días cuando se lleva más de un mes de crisis. Y los guantes, apenas 1.210”. A tenor de lo descrito, Diputación ha decidido adquirir equipos de protección, en cuantía suficiente, que llegarán en los próximos días.
Irene García también urge al ejecutivo autonómico para que el fondo social de emergencia, que financia el gobierno estatal, se transfiera de inmediato a los ayuntamientos y, sobre su desarrollo, se aclaren procedimientos y documentación que deberán solventar las entidades locales. Al carecer de información municipalizada sobre contagios se dificulta el correcto funcionamiento de servicios públicos como el de recogida y tratamiento de las basuras”, según ha argumentado la presidenta de Diputación.
