El Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado hoy su rechazo a la Tarjeta Monedero planteada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
La Junta ha aprobado recientemente un decreto para poner en marcha lo que denominan Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el Covid-19. Esto se traduce en subvenciones excepcionales de esta Consejería a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que integran la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, mediante la concesión de tarjetas monedero para garantizar el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en supermercados y tiendas, con la idea de complementar la línea de ayudas del ámbito local y autonómico.
Sin embargo, tendrán que ser los propios profesionales públicos de los servicios sociales municipales los que lleven a cabo la valoración para la concesión de estas tarjetas. En este sentido, la concejala de Asuntos Sociales de Cádiz, Helena Fernández, ha manifestado que «no entienden por qué no se apuesta de manera directa por los servicios sociales públicos haciendo más fácil, más rápida y más eficaz la llegada de recursos a las familias vulnerables».
Fernández hace hincapié en las personas usuarias, entendiendo que «no es justo que quienes estén sufriendo las consecuencias sociales y económicas del Covid acaben en un peregrinaje por diversas entidades para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas. Las ayudas directas tienen en cuenta la dignidad de las personas y sus derechos».
Las y los profesionales de los Asuntos Sociales han mostrado también su rechazo a esta medida a través Colegio Andaluz de Trabajo Social, y así se lo han comunicado al Ayuntamiento a través de una carta. Asimismo, el consistorio ha tenido conocimiento del rechazo a esta medida por parte de las entidades que conforman la mesa de la pobreza en Andalucía. En esta línea, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también ha emitido un comunicado para hacer una defensa a nivel de todo el estado del sistema público de servicios sociales.
