El responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha aclarado que «cada alcalde o alcaldesa puede asumir con libertad los aplazamientos de los periodos de pago de los impuestos municipales, si bien debe tener clara su repercusión en la recaudación final». Esta aclaración está motivada por una iniciativa anunciada públicamente por la presidenta provincial del Partido Popular. «Diputación no va a coartar a los alcaldes o alcaldesas para que ejerzan esa facultad si ésa es su pretensión», según ha manifestado Ruiz Boix, quien ha negado categóricamente que desde el Servicio Provincial de Recaudación se prohíba esta decisión municipal tal como ha asegurado el PP.
Ruiz Boix ha recordado que los calendarios fiscales responden a un pacto entre el Servicio Provincial de Recaudación y los 43 ayuntamientos gaditanos que han encomendado la gestión de sus tributos a Diputación. Y ha añadido que «en estos asuntos es partidario de ser pedagógico y adoptar una postura de seriedad institucional.
Sobre la propuesta del PP, referida a la ampliación del pago de tributos en vía voluntaria hasta el 30 de noviembre -para desempleados, autónomos que hayan cesado su actividad profesional o trabajadores sujetos a un ERTE- Ruiz Boix explica que «el Servicio Provincial de Recaudación ofrece soluciones personalizadas ante cualquier circunstancia adversa. Se pueden adoptar fraccionamientos en el pago de la deuda, de hasta 18 meses, e incluso la adopción de un plan personalizado de pago».
En el comunicado divulgado por el PP también se reivindica la necesidad de que el Gobierno estatal permita a las entidades locales la libre disposición de remanentes y superávit. Al respecto, Ruiz Boix les da «la bienvenida en una reclamación que la presidenta de Diputación de Cádiz asume desde hace años, no sólo desde la institución provincial sino también en el seno de las Federaciones andaluza y española de Municipios y Provincias».
