El delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ha denunciado que “desde el PP en Andalucía pretenden quitarle peso a los Servicios Sociales Comunitarios, intentando intervenir directamente en la ciudadanía, a través de ONG´s”
El Gobierno municipal ha denunciado la “incorrección institucional” de la Junta con los ayuntamientos de Andalucía, con motivo de la puesta en marcha de las denominadas ‘tarjetas-monedero’, a través de las cuales destinará 17 millones de euros a entidades sociales no gubernamentales para su reparto entre las familias andaluzas.
En este sentido, el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ha indicado que, aplauden cualquier acción social que se lleve a cabo para ayudar a las familias que peor lo están pasando, más aún en estos momentos de crisis económica propiciada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, está fuera de lugar que, según ha dicho, en vez de ponerse en marcha esta iniciativa a través de los ayuntamientos, se haga directamente a través de colectivos sociales como Cruz Roja, que tendrán que pedir ayuda a los Servicios Sociales de los ayuntamientos”.
Salado considera que el PP en Andalucía pretende quitarle peso al papel de los Servicios Sociales Comunitarios para intentar hacer una gestión directa en los municipios, a través de un ente colaborador, negando las competencias que la Ley le confiere a los ayuntamientos. El delegado de asuntos sociales considera que lo mejor sería que ese dinero llegara a todos los ayuntamientos de Andalucía y que estos lo gestionasen como viene siendo habitual en otras medidas sociales como la renta mínima de inserción social, las ayudas para menores, los centros asistidos, las personas dependientes y el largo etcétera de competencias que tienen los ayuntamientos en la leal colaboración con la Junta de Andalucía”.
Por ello, insiste, al igual que otros ayuntamientos de Andalucía, en que se debe reformular este proyecto a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de los Servicios Sociales para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas”, según ha concluido.
