La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha presentado escrito de acusación para los dos exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, por un delito continuado de inhabilitación, para quien pide 12 años de inhabilitación a cada uno. Además, para Sánchez, que era alcalde en el momento de los hechos, pide cuatro años de prisión y una multa de un millón de euros por un delito continuado de cohecho.
Según el escrito de acusación fiscal, recogido por Europa Press, el que fuera alcalde entre 2003 y 2010, Lorenzo Sánchez, y de la que era Delegada de Planeamiento Urbanístico de Rota (posteriormente alcaldesa), Eva Corrales, se concertaron con el ánimo de beneficiar de manera arbitraria con adjudicaciones ilegales a las empresas de construcción de otro de los acusados (un constructor), lo que hizo Lorenzo Sánchez a cambio de obtener beneficios económicos procedentes de las relaciones comerciales que mantenían las empresas del alcalde con las del constructor.
Para conseguir dichos propósitos, según la Fiscalía, se aprovecharon de la posición que les confería los cargos que ocupaban en el Ayuntamiento de Rota e idearon, prepararon y desarrollaron las actividades administrativas necesarias para que el constructor pudiera obtener cuantiosas obras municipales –como naves nido, un colegio público o centro de salud– sin sujetarse al procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.
Así, se firmaron varios convenios urbanísticos que «enmascaraban» dichas adjudicaciones «teledirigidas», recibiendo a cambio Lorenzo Sánchez un «suculento beneficio económico consistente en que por parte de las empresas del constructor se compraban suministros muy diversos relacionados con la construcción a las empresas de Lorenzo Sánchez, llegándole a facturar entre los años 2007 a 2011 la cantidad de 532.851 euros.
Según la Fiscalía, esto se hizo esencialmente a través de la empresa de Pacheco Puyana S.L., perteneciente a Lorenzo Sánchez, donde después se puso como «hombre de paja» a otro de los acusados para «encubrir al verdadero titular y ocultar ante la administración los ingresos que recibía el alcalde procedente de las empresas del constructor, que habían recibido adjudicaciones a través de convenios urbanísticos ilegales firmados por el propio alcalde».
En este sentido, la Fiscalía asevera que «los convenios urbanísticos se disfrazaron bajo la apariencia de haber tomado una decisión de carácter político, cuando lo cierto es que no tenía otro sentido ni finalidad pública más que el favorecimiento arbitrario de un determinado empresario y en especial de Lorenzo Sánchez».
