Un total de 18 entidades locales –17 ayuntamientos y la Diputación Provincial– de la provincia de Cádiz acreditaron en el ejercicio de 2019 remanentes de tesorería para Gastos Generales (RTGG). Los ayuntamientos que lo deseen pueden constituir voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería para contribuir a la recuperación económica.
Según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, los ayuntamientos españoles –no todos– tienen inmovilizados en los bancos unos 14.000 millones de euros. No pueden gastarlos porque lo prohíbe la ley de estabilidad presupuestaria, también llamada ley Montoro. El Gobierno ha buscado una fórmula, plasmada en forma de decreto ley y aceptada por la FEMP para liberar esos recursos.
Básicamente plantea que los ayuntamientos puedan prestar al Estado sus remanentes de tesorería, hoy «bloqueados», a cambio de recibir a fondo perdido una ayuda de hasta 5.000 millones entre este año y el siguiente. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de diez años a contar a partir de 2022, o superior si a los ayuntamientos les interesa ampliar ese tiempo.
Los 17 municipios gaditanos con remanentes de Tesorería en 2019 son Alcalá del Valle, Algeciras, Bornos, El Bosque, El Gastor, La Línea de la Concepción, Paterna de Rivera, San Fernando, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y San Martín del Tesorillo. A estas localidades se suma la Diputación Provincial de Cádiz.
El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha explicado que «en Cádiz la aportación de ese remanente supondría para estos 17 ayuntamientos y la Diputación disponer de, como mínimo, más de 82 millones de euros en caso de que se sumen al fondo de 5.000 millones aprobado por el Gobierno».
Se trata de «una oportunidad a la que no se le obliga a ningún ayuntamiento y que responde además a la demanda planteada por los ayuntamientos para disponer de sus remanentes y que podrán destinar a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural», ha detallado.
Asimismo, el subdelegado ha aclarado que también los ayuntamientos que no hayan tenido este remanente positivo pueden beneficiarse de la aprobación del decreto, ya que el acuerdo con la FEMP incluye la relajación de la regla de gasto, la refinanciación de deuda en mejores condiciones o el fondo de transporte para compensar la caída de viajeros con motivo de la pandemia del coronavirus, que para Cádiz capital supone una transferencia directa de 2,4 millones de euros.
José Pacheco ha hecho un llamamiento para que las entidades locales apoyen el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, de forma que todos puedan acogerse a estas medidas financieras, de carácter extraordinario, para entidades locales.
Cabe recordar que en distintas ocasiones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a que se tramite el decreto como proyecto de ley y que se cambie lo que se considere en la tramitación.
La dotación total del fondo –5.000 millones de euros– se articulará a lo largo del presente y el próximo ejercicio, atendiendo así a la petición de la FEMP de contar con un plazo suficiente de ejecución. El RD 27/2020 incluye un amplio conjunto de medidas que fortalecen la autonomía local de los ayuntamientos y les permite contar con un papel muy relevante en la estrategia de reconstrucción.
Establece que las entidades locales que lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. El Estado les realizará un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35% de los fondos aportados, que incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de diez años a contar a partir de 2022.
En definitiva se trata de una medida diseñada por el Ministerio de Hacienda «para atender y dar respuesta» a las entidades locales, al tiempo que supone «un gran esfuerzo» por parte del Gobierno de España para distribuir 5.000 millones de euros sin computar déficit a la administración local.
