La gestión tributaria encomendada a Diputación por los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz superará los 350 millones de euros en el ejercicio 2015. El dato ha sido ofrecido por el responsable del área de Asuntos Económicos de Diputación, Jesús Solís, quien volverá a comparecer en breve plazo una vez que se termine de cerrar el balance del pasado año. Solís ha valorado el comportamiento delsegundo semestre de 2015, desde que se produce el cambio en el gobierno de la institución provincial y se introducen mejoras en la gestión tributaria. «Pretendemos ser un servicio útil y de calidad», ha manifestado el diputado de Servicios Económicos, «alejado del debate político, en el sentido de que nuestra gestión no estará condicionada por el color político del Ayuntamiento».
Jesús Solís ha mostrado varios ejemplos para acreditar una tendencia al alza. En diciembre se libraron, en concepto de anticipos extraordinarios, más de 7 millones de euros a Ayuntamientos «que cerrarán el año 2015 con liquidaciones positivas». Son Ayuntamientos que han mejorado las expectativas de recaudación, hasta el punto de que los ingresos reales han superado las aportaciones mensuales transferidas desde Diputación. Esas transferencias de Diputación son el desglose de la recaudación prevista y, según considera Solís, las mejoras adoptadas en el servicio provincial han permitido superar ampliamente las estimaciones.
El incremento de la liquidez para las arcas municipales, unido a la reducción del coste de la gestión de Diputación, también han motivado la suscripción de un convenio de mejoras en la encomienda establecida entre el Ayuntamiento de Algeciras y la institución provincial; así como la firma de un nuevo acuerdo de gestión tributaria con el Ayuntamiento de La Línea. Y desde ayer miércoles se ha despejado el camino para el regreso del Ayuntamiento de Barbate: el Pleno del consistorio barbateño ha aprobado encomendar la gestión de los tributos municipales a Diputación. Un retorno que se produce un año después de la rescisión resuelta por el citado Ayuntamiento «que se vio obligado a abandonar por las políticas sectarias del anterior gobierno de Diputación», ha recalcado Jesús Solís. El Pleno de la Corporación provincial debatirá la reincorporación de Barbate en su próxima sesión ordinaria, prevista para el 16 de marzo.
«Ya somos 40», ha indicado Solís en referencia a los Ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos a Diputación. Sólo 4 municipios gaditanos afrontan este servicio público con sus propios medios Cádiz capital, Jerez, Chiclana y Rota-, si bien Jesús Solís defiende la «anexión» de todos, considerando los réditos de una economía de escala por ejemplo a la hora de lograr anticipos- que se traducen en una mejora de la liquidez municipal.
El diputado de Asuntos Económicos también ha salido al paso de los reproches del Grupo Popular, referidos a la contratación de un servicioa una empresa externa sin contar con el personal de Diputación. Jesús Solís ha aclarado que el citado contrato cifrado en 13.000 euros- se adjudica a una entidad externa a tenor de su especialización: está vinculado al nuevo aplicativo informático que tiene que incorporarse a la gestión tributaria desempeñada por Diputación. El resultado de esta asistencia se incorporará a los pliegos que el servicio de Contratación de la institución provincial licitará en régimen de concurrencia competitiva. El aplicativo, ha recordado Solís, es una necesidad demandada por el propio personal de Diputación.
A juicio de Jesús Solís «lo que sí es un despilfarro es el contrato que el anterior gobierno de Diputación alcanzó con una consultora por un importe de más de 55.000 euros para crear un organismo autónomo en el ámbito de la recaudación». El informe de la adjudicataria contratada «privado y confidencial»- no se llevó a cabo, según ha precisado Solís. Frente a ese proceder las previsiones del actual gobierno, sobre la conversión del actual Servicio provincial de Recaudación en Agencia, «se realizan desde dentro» contando con los trabajadores de Diputación y la asesoría jurídica de la institución provincial.
