Las víctimas eran forzadas a trabajar en dos empresas dedicadas al cuidado de personas dependientes sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social
La operación culminó con el registro de dos domicilios en Chiclana
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos y a la explotación laboral. La investigación comenzó gracias a la denuncia de varias personas que decían ser víctimas de una organización que les explotaba laboralmente.
Tras analizar toda la información recopilada, los agentes llevaron a cabo el correspondiente dispositivo operativo, que culminó con el registro de dos domicilios en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y la detención de ocho personas –los dos cabecillas han ingresado en prisión–. Además, se han intervenido 1.000 dólares, 500 euros y «abundante documentación probatoria».
Las víctimas eran captadas en Honduras, de donde eran originarias y donde les proporcionaban toda la documentación necesaria para viajar a España. Una vez que llegaban a territorio español, se les retiraba el pasaporte y se les exigía el pago de una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros. Para hacer frente a esa deuda, «las víctimas eran explotadas en dos empresas dedicadas al cuidado de personas dependientes, sin contrato, con largas jornadas de trabajo y un salario ínfimo», según ha informado la Policía.
La investigación comenzó gracias a la denuncia de varias personas que decían ser víctimas de una organización que les explotaba laboralmente. Los supuestos cabecillas eran una mujer y su hijo –de origen hondureño y nacionalidad española–, «que eran los encargados de captar en el país centroamericano a personas en situación vulnerable, a quienes ofrecían un trabajo en España».
Asimismo, eran los responsables del traslado entre ambos países, realizando todos los trámites necesarios para la adquisición de los billetes de viaje, pasaportes y cartas de invitación.
Las víctimas eran recibidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez por otro miembro de la organización que las trasladaba hasta Cádiz. Allí eran alojadas en un piso alquilado por el entramado, donde les retiraban el pasaporte y cualquier otra documentación que poseyeran. Además, les comunicaban que habían contraído una deuda que podía oscilar entre los 4.000 y los 6.000 euros.
La explotación laboral de las víctimas se producía a través de dos empresas ubicadas en la provincia de Cádiz dedicadas al cuidado de personas mayores o impedidas, propiedad de varios miembros de la organización.
