La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias ha reclamado a los gobiernos de las comunidades autónomas la habilitación «definitiva» de la entrada de los familiares en los centros y que se eliminen las «limitaciones salvajes, inhumanas e ilegales» que, a su juicio, soporta este colectivo en los 5.500 geriátricos repartidos por el país.
Del mismo modo, pide a la Fiscalía General del Estado y a las fiscalías superiores autonómicas que investiguen si se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en las restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas en el acceso de las familias a las residencias.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la plataforma señala que los centros de mayores y dependientes están viviendo actualmente «una situación incongruente» y «contraria a la lógica» una vez terminado el estado de alarma.
«Hoy, en la mayor parte de las comunidades autónomas, solo se permiten 3 horas de visitas semanales como media, con territorios como Cataluña o Andalucía con una sola visita semanal, un régimen similar al que se desarrolla en las prisiones», advierte.
Y esta expresión, apunta, no es solo un símil, ya que, según la organización, son muchos los usuarios y familias los que utilizan la expresión «encarcelados» para referirse a la situación que están viviendo y que consideran «alarmante» porque suspende «las libertades que soportan los residentes».
«DEMOLEDORES CONFINAMIENTOS»
De hecho, apuntan que en julio de 2020, con buenos datos en cuanto al contagio en la población, pero sin vacunación y sin seguridad en el futuro más próximo, se permitía una mayor apertura de las residencias, posibilitando incluso visitas diarias dependiendo de la evolución epidemiológica. Esto, apuntan, «choca radicalmente con las
actuales limitaciones» que son, a su juicio, «un retroceso comparativo inexplicable».
En este sentido, la plataforma recuerda que los centros de mayores y dependientes, gracias a la ciencia, se han visto libres del Covid-19, en «una inmensa mayoría, desde finales de enero», cuando se concluyó la vacunación a residentes y trabajadoras. Sin embargo, insiste, las comunidades autónomas no han cambiado «significativamente» los protocolos y las instrucciones de apertura.
Además, denuncian, «un número nada desdeñable» de empresas operadoras «incumplen a la baja las instrucciones de las autonomías» y, en otros casos, dice, es «la propia administración» la que «se limita a hacer recomendaciones, dejando en manos de las empresas la decisión del número de visitas semanales y su duración». «Un contrasentido que redunda en más restricciones», señala.
Así, advierten de que «se siguen produciendo demoledores confinamientos, conculcando las leyes y los derechos fundamentales de los residentes, con el beneplácito de los poderes públicos que nada o poco hacen para evitarlo».
