La presidenta coincide con los alcaldes de los municipios afectados en exigir un desarrollo ecológico compatible con otras actividades económicas
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes institucionales de los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar afectados por la previsión de instalación en sus territorios de proyectos de energía fotovoltaica. Así, han participado en este encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Castellar el alcalde de este municipio, Adrián Vaca; el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix; el de Jimena de la Frontera, Francisco José Gómez; y el de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández; así como el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano. También ha asistido a la convocatoria el regidor del municipio malagueño de Casares, José Carrasco.
Hay que recordar que en la actualidad se contemplan seis proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en la comarca, con incidencia en estos municipios y que suman más de 3.100 hectáreas de superficie y más de 1.100 megawatios de potencia. Esos números se traducen en plantas, subestaciones y líneas de alta tensión para la evacuación que saturan en algunos casos las proyecciones municipales y que han despertado un amplio rechazo por parte de colectivos y ciudadanía en general, además de la preocupación en los respectivos ayuntamientos.
A la finalización de la reunión, Irene García ha expuesto que la intención de la Diputación en este conflicto es servir para “rearmar la voz de los ayuntamientos” y tender la mano para fortalecer la alianza en la comarca, en la provincia y, por extensión, en toda Andalucía para exigir que la Junta desarrolle “una planificación que permita que los municipios crezcan, que se genere empleo, favoreciendo un desarrollo sostenible, pero ligándolo todo al mantenimiento de las fortalezas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.
Por todo esto la Diputación tomará la iniciativa para reclamar nuevas reuniones a la Junta de Andalucía para exigir ese plan. Además, se pedirá al Ministerio de Transición Ecológica información para saber “qué es lo que se pretende desarrollar en virtud de estas instalaciones fotovoltaicas”.
“No es un freno al crecimiento, sino la necesidad de hacer un impasse para poder desarrollar un desarrollo razonable de los municipios. Apoyamos la decisión de solicitar una moratoria a la Junta de Andalucía y se va a apoyar a los ayuntamientos afectados a la hora de plantear modificaciones en sus planeamientos urbanísticos ante la falta de recursos que tienen las instituciones locales”, ha dicho la presidenta.
El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, en nombre del resto de autoridades presentes, ha explicado que se ha acordado que, a través de la Diputación, se van a reiterar solicitudes de reuniones a las consejerías y los Ministerios implicados en la cuestión para que sus inquietudes sean atendidas. Ha querido aclarar que ninguno de los municipios “está en contra del desarrollo de las energías limpias, al contrario, sabemos que es el camino hacia la transición ecológica y la reducción de las emisiones de efectos contaminantes, pero debe hacerse de forma justa con los territorios para que nadie pierda en este camino”. En este sentido, Vaca ha reivindicado que “hay que frenar, se debe poner en marcha la moratoria que hemos reclamado y estudiar cómo podemos transitar este trayecto de forma ordenada, de manera que no lastre a otros sectores económicos y productivos importantes en nuestros municipios como pueden ser el turístico, la agricultura o cualquier otro”.
El alcalde de Castellar ha avanzado que se van a iniciar los trámites para realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio que permitirá suspender durante un plazo determinado las licencias de obra, con el objetivo de analizar la situación, ordenarla y permitir o no la instalación de los proyectos. A esta iniciativa, ha dicho, espera que se sumen otros ayuntamientos con el fin de “ir todos de la mano”, recordando que este problema se da en todo el territorio andaluz, no sólo en la provincia de Cádiz.
