La actividad de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía volvió en 2021 a la normalidad, que se vio alterada durante 2020 por la crisis sanitaria de la covid-19, tal y como muestran los datos del Consejo General del Poder Judicial difundidos este miércoles, de los que se desprende que el año pasado ingresaron en los juzgados y tribunales andaluces 1.245.238 asuntos, un 12,3 por ciento más que en 2020, y un 2,4 por ciento menos que en 2019.
En el mismo periodo, se resolvieron un total de 1.281.830 asuntos, un 20,4 por ciento más que en 2020, y un 3,2 por ciento más que en 2019; y quedaron en trámite 636.731 asuntos, lo que representa una disminución de la pendencia del 3,8 por ciento respecto al final de 2020. Todas las jurisdicciones, excepto la contenciosa-administrativa experimentaron un importante incremento tanto en el número de asuntos registrados, como en el de resueltos.
En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados en 2021 fue de 438.395, lo que ha supuesto un incremento del 14,3 por ciento respecto al año anterior, y del 4,6 por ciento respecto a 2019. En esta jurisdicción se resolvieron 463.682 asuntos, un 27,6 por ciento más que en 2020, y un 13,2 por ciento más que en 2019. Este nivel de actividad permitió que la pendencia disminuyera, con 326.822 en trámite a final de año, un 5,6 por ciento menos que al término del anterior ejercicio, según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los 686.814 asuntos ingresados en la jurisdicción Penal representan un incremento del 12,6 por ciento respecto a 2020, aunque se quedaron un 2,6 por ciento por debajo del nivel de ingresos de 2019. Los asuntos resueltos sumaron 696.367, un 16,5 por ciento más que en 2020 y un 1,3 por ciento menos que en 2019, y los pendientes ascendieron a 162.566, es decir, un 1,6 por ciento menos que un año antes.
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es la única en la que se registraron menos asuntos tanto respecto a 2020 como a 2019. Así, en 2021 se registraron 45.277 asuntos, un 3,4 por ciento menos que el año anterior y un 42,4 por ciento menos que en 2019. Los 48.400 asuntos resueltos supusieron un incremento del 1,3 por ciento respecto a 2020 y un descenso del 24,9 por ciento en relación con 2019. Pendientes de resolución quedaron a final de año 55.859 asuntos, un 4,7 por ciento menos.
Los asuntos registrados en la jurisdicción Social, 75.029, aumentaron un 10,1 por ciento respecto a 2020 y un 1,8 por ciento en relación con 2019. Se resolvieron 73.381 asuntos, un 34,8 por ciento más que el año anterior y un 19,2 por ciento más que en 2019; y los 91.484 asuntos en trámite a final de año representan un 0,5 por ciento menos que en 2020.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 132,3 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (171,1), Andalucía (144,1), Madrid (137), Murcia (134,5), Asturias (133,9), Cantabria y Comunidad Valenciana (132,4). Los territorios con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (94,9), País Vasco (100,3) y Navarra (101,6).
