El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que la vigilancia contra la COVID-19 siga trabajando para detectar los posibles aumentos de incidencia, así como la detección de nuevas variantes.
Así se recoge en el texto aprobado este jueves en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre Vigilancia en Salud Pública, que ha reunido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a los consejeros de Sanidad de las CCAA y ciudades autónomas en Zaragoza (Aragón).
Durante el encuentro, han determinado que habrá una «fase de transición» en la vigilancia de la COVID-19 hasta la implementación completa del sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) en Atención Primaria y graves (IRAG) en atención hospitalaria, que se deberá producir en toda España «antes del fin del primer trimestre de 2023». Para ello, se constituirá un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Sanidad y las CCAA.
Mientras tanto, han acordado mantener un sistema de vigilancia «capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal».
En concreto, tendrán que garantizar una «vigilancia individualizada» de los casos de COVID-19 en «ámbitos vulnerables y casos graves», así como la vigilancia y seguimiento de brotes epidémicos «en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés».
Igualmente, tendrán que mantener los sistemas de información desarrollados específicamente para el seguimiento de la COVID-19 «ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia y aportar la información de los casos detectados en atención primaria incluidos en los códigos de IRAs».
También tendrán que garantizar «la capacidad suficiente de medios diagnósticos para la detección de nuevas variantes, con un nivel adecuado de secuenciación».
