La Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía está llevando a cabo una operación en el núcleo de El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz) para paralizar 17 nuevas parcelaciones urbanísticas ejecutadas en suelo rústico en las que se han instalado 102 edificaciones sin ningún tipo de licencia urbanística ni autorización administrativa.
Según ha informado la Junta en una nota, esta actuación es una prolongación de las ya iniciadas en 2019 por la Consejería de Fomento para frenar el problema territorial y urbanístico que padece El Palmar. Dichas edificaciones, en su mayoría prefabricadas, se han instalado en su mayor parte de forma reciente como consecuencia de la cercanía al litoral y la atracción turística.
Para asombro de la Inspección autonómica, se han instalado en algunos casos a escasos metros de las más de 60 edificaciones precintadas a principios de 2020, que están siendo objeto de expedientes administrativos y judiciales.
De esta forma, y para garantizar el éxito de la operación, las autoridades han citado en el lugar de los hechos a todos los presuntos responsables, que deben indicar qué parcela o lote han adquirido, y el uso o destino de la edificación.
Además, la Junta ha detallado que no se ha procedido en ningún caso a precintar ninguna edificación que pudiera estar habitada o constituir el domicilio de ninguna persona.
En estos casos se les ha expedido una diligencia informativa y se les ha solicitado la acreditación en un plazo de quince días de que efectivamente es su residencia habitual, sin perjuicio de la continuación de los procedimientos y de las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido.
De hecho, según ha comprobado la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo en las visitas efectuadas al territorio durante el pasado verano, la mayor parte de estas viviendas se estaba destinando a usos turísticos sin ningún tipo de autorización.
De esta forma, quedan fuera de los expedientes aquellas edificaciones de mayor antigüedad, que podrán declararse en situación de asimilado a fuera de ordenación cuando se cumplan los presupuestos legalmente establecidos.
La Junta, en este sentido, ha explicado que «el beneficio económico obtenido por quienes venden de manera ilegal pequeñas parcelas de finca rústica y el alto rendimiento obtenido por aquellos que instalan casas prefabricadas para su alquiler vacacional ha disparado el número de edificaciones ilegales en la zona en tiempo récord».
La operación se ha efectuado en el marco de las medidas cautelares ordenadas en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad para evitar la continuación de las obras y usos ilegales, y con ello el daño territorial y ambiental producido.
A este respecto, la Junta ha comprobado que la mayor parte de estas edificaciones están llevando a cabo captaciones ilegales de agua, defraudaciones eléctricas y vertidos de residuos al subsuelo sin ningún tipo de control ambiental o sanitario. De hecho, la dimensión de las actuaciones trasciende del ámbito propio de la ordenación territorial y urbanística, y ha obligado a solicitar la colaboración de otros órganos sectoriales afectados.
La intervención se ha realizado en colaboración con la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía, la Guardia Civil, la Policía Local de Vejer de la Frontera, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.
La Junta ha explicado que el objetivo es poner fin a la práctica del urbanismo ilegal propia de los anteriores gobiernos de la Junta y que tanto daño ha causado a nuestro territorio y a la imagen de Andalucía en el exterior, al mismo tiempo que se ofrece una solución a los propietarios de edificaciones irregulares prescritas, que podrán regularizar con todas las garantías su situación jurídica con posibilidad de acceso a los suministros básicos de agua y energía gracias a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).
Los responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que dirige Marifrán Carazo defienden que solución al problema pasa por poner freno a las nuevas infracciones, para la que se apela a una llamada a la conciencia ciudadana a la sostenibilidad social, ambiental y económica de nuestro territorio.
