La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, con el rechazo a los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) y Vox, y ha dado así un paso más para su aprobación definitiva, que se prevé la próxima semana en el pleno de la Cámara Alta, en caso de que no se apruebe ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamnetarios.
El texto, remitido por el Congreso y que ha obtenido luz verde en esta comisión con 17 votos a favor y 10 abstenciones –todas del PP–, hace del consentimiento una cuestión indispensable para juzgar los delitos sexuales, así como reforma el Código penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, entre otras cuestiones y, finalmente, no incluye las medidas relacionadas con la prostitución y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
Ante esta norma, a la que los grupos han presentado unas 150 enmiendas, el PP ha formulado un veto que ha defendido la portavoz, María Adelaida Pedrosa Roldán, quien ha criticado que la ley esté «instrumentalizando el dolor de las víctimas», que, a su juicio, «quedarán desprotegidas».
«Es una mala ley, no vamos a avanzar nada en igualdad ni en reconocer ni ayudar a estas víctimas», ha advertido, para criticar la norma también en términos de seguridad jurídica y de presunción de inocencia. Este veto ha sido rechazado con 18 votos en contra.
Por su parte, la senadora de Vox, Yolanda Merelo, ha dado por defendido su veto, que ha sido tumbado al obtener 18 votos en contra y nueve abstenciones –del PP–.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), la vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad, Donelia Pedrosa Roldán, ha afeado al PP que se «quede otra vez solo con Vox en un tema de mujeres». «Ustedes quieren posicionarse en contra de cualquier modificación que afecte a las mujeres», ha cuestionado a los ‘populares’.
Tras el turno de portavoces, en el que todos los grupos se han posicionado en contra de los vetos, excepto los que los han presentado, solo el Grupo Vasco (GPV) y el GPP han defendido sus enmiendas, mientras el resto las ha dado por defendidas.
En concreto, la portavoz del GPV, María Dolores Etxano, ha ratificado su apoyo a la ley para dar una «respuesta correcta» para adecuar la legislación a la «sensibilidad social», pero ha avisado de la necesidad de medidas de prevención. También, ha lamentado que en el texto se observa un «evidente espíritu centralista de quienes redactan el proyecto».
Por su parte, desde el GPP, Jaime Miguel de los Santos González, ha criticado que no se les haya permitido apoyar enmiendas de otros grupos para mejorar la ley, al tiempo que ha puesto en «entredicho» la preocupación sobre las mujeres. «No es un tema solo de mujeres por mucho que las víctimas sean ellas, nos tiene que preocupar en especial a los hombres, que son los agresores, cuando lo son», ha puntualizado.
Asimismo, ha manifestado su «sorpresa» porque «las penas no vayan siempre en crecimiento» y su preocupación por «la inversión de la carga de la prueba», que, ha aseverado, «deja una vez más a la justicia española en una indefensión». «Vemos que por parte de la señora Montero esta realidad va en contra del ordenamiento jurídico español», ha apostillado, para añadir que la ley «genera dudas», «está llena de imprecisiones y de grandes vacíos».
«Qué lástima que las competencias de igualdad no las siga detentando el PSOE, porque estoy seguro que con la señora Carmen Calvo al frente esta ley sería infinitamente mejor», ha concluido.
Por su parte, el socialista José María Oleaga Zaldivea ha destacado el acuerdo de los grupos para que la ley salga adelante «cuanto antes», para lo que el PSOE, ha recordado, retiró sus enmiendas en el Congreso y «conscientemente» no las ha presentado en la comisión de este martes. «Hemos antepuesto el interés general, el acuerdo, porque creemos que los acuerdos son buenos (…) sobre todo para que por fin sea verdad que tengamos en nuestro país una ley según la cual ‘solo sí es sí'», ha resaltado.
Ya en el debate final, la portavoz del Grupo Nacionalista (GPN), María Teresa Rivero Segalàs, ha expresado su apoyo a esta «necesaria» ley que, no obstante, ha tildado de «perfectible». «Hay cosas en su contenido que pueden ser mejorables, pero rompemos la lanza en favor del consenso», ha defendido.
Asimismo, la portavoz del Grupo Vasco ha celebrado que la ley tenga la finalidad de «garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada, que proporcione atención y reparación a las víctimas», pero ha cuestionado su título: «Se habla de garantía integral de la libertad sexual, lo que en mi opinión resulta quizá un tanto ambicioso».
Por su parte, la portavoz del Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu (GPERB), Sara Bailac, ha advertido de que el cambio en este ámbito «no debe ser únicamente normativo, sino que tiene que ser cultural».
Por último, la portavoz del PP ha defendido que las víctimas pueden ser «hombres y mujeres» y ha acusado al PSOE de «venderse a Unidas Podemos para seguir destrozando España y que las políticas de igualdad no sigan avanzando».
«Esta no es la ley que nos gustaría, es un alegato a las políticas de Unidas Podemos. La indefensión con la que se van a encontrar los ciudadanos ante el abuso de poder de Montero, no tiene limites», ha apostillado Pedrosa.
«Es un auténtico disparate», ha agregado sobre la norma, que, ha alertado, «compromete la presunción de inocencia» y «permite que sea siempre una parte, sin dudas y sin pruebas, a la que se crea, creando indefensión sobre la otra». «Es un terreno peligroso», ha sentenciado.
Le ha respondido la socialista María Elena Diego Castellanos, quien ha tachado de «gravísimas» las declaraciones de Pedrosa: «No confundamos a la sociedad: hablamos de víctimas hablamos de víctimas mujeres porque no hay manadas de mujeres que violen a hombres por la calle». Igualmente, ha asegurado que hay que defender la presunción de inocencia, pero ha criticado que el PP la coloque por encima de la seguridad de las mujeres.
