Los sindicatos convocantes de los paros en fin de semana en centros de atención 24 horas y las organizaciones que apoyan la protesta han trasladado su «más absoluto rechazo» ante el modelo transitorio de atención de la urgencia extrahospitalaria en la región y han subrayado que no se trata de un «conflicto laboral» como sostiene el Ejecutivo regional sino de un déficit de médicos.
En concreto, el documento está firmado por los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112) y MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad), que han registrado una nueva convocatoria de huelga del 11 al 13 de noviembre, con el apoyo de Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural), CSIF, Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y Asociación Madrileña de Enfermería (AME).
Así, denuncian la intención de la Consejería de implantar un nuevo modelo de «forma unilateral», sin contar con los profesionales, y con una videoconsulta en la atención de Urgencias que no garantiza la asistencia en caso de fallo.
El Gobierno regional va a implantar esta semana un modelo transitorio de organización de los centros sanitarios 24 horas «hasta que se reconduzca la situación de conflictividad laboral» generada en los primeros días de reapertura de esta red, avanzó ayer el Ejecutivo autonómico.
De esta forma, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) mantendrá abiertos estos 80 centros sanitarios 24 horas, con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermero y celador, y los otros 34 con dos enfermeros, celador y equipos para la realización de videonconsulta con un
facultativo de la misma zona asistencial.
«No es un conflicto laboral, simplemente es falta de médicos para los 80 PAC (Puntos de Atención Continuada). Su intención manifiesta es mantener «abiertos» los 80 puntos PAC, pero vuelven a no contar con todos los profesionales al completo (médico, enfermero y celador), como sí
existía en los antiguos SUAPS y PAC antes de su cierre. Tal como exigimos», ha defendido en un comunicado.
En este sentido, los sindicatos y organizaciones firmantes del documento han sido especialmente críticos con la idea de videoconsulta. «Nuevamente, la Consejería menosprecia a los profesionales y engaña a la ciudadanía justificando la necesidad de una correcta atención de Urgencia a través de «telemedicina» sin evaluación directa del paciente por parte del facultativo, con total desprotección (sobre) de ambas profesiones al no estar regulada esta nueva forma de atención», han lamentado.
Según el modelo transitorio planteado con la Comunidad, el personal de Enfermería que tenga la necesidad de establecer una interconsulta lo hará con un médico de su propia dirección asistencial, es decir, una de las siete en las que está dividida la organización de la Atención Primaria
en Madrid. Para ello, se va a dotar a los profesionales de 160 equipos técnicos, que ya están adquiridos, para el establecimiento de las videollamadas, dos por cada punto asistencial, que se empezarán a implantar esta misma semana.
En este sentido, los sindicatos y organizaciones han recalcado que «llama la atención» la «rapidez» de la Consejería a la hora de disponer de esos 160 equipos técnicos ya adquiridos «cuando no han sido capaces de corregir los problemas informáticos con los que se han encontrado los profesionales desde la apertura de los PAC» el pasado jueves.
«Si tanto el ciudadano, como los profesionales, han mostrado su total desconfianza ante esta nueva forma de teleatención en varias Urgencias Hospitalarias de centros adscritos al Sermas, donde sí cuentan con presencia física de facultativos, ¿cómo garantizan que funcionen en los Servicios de Urgencias, donde la atención Urgente y de Emergencia debe
de partir de ambas categorías profesionales, médico y enfermero, de manera presencial?», se han preguntado.
Además, han puesto el acento en que se aplicará «de manera impuesta, sin contar con el consentimiento de los profesionales afectados, quedando en el aire nuevamente la inseguridad jurídica de este tipo de actuaciones, desconociendo si legalmente se puede realizar, ya que carece de un protocolo validado por sociedades científicas y colegios profesionales».
«En caso de fallos de estas videoconsultas dependientes de un sistema informático, en una situación vital para el paciente, ¿quién se responsabiliza? ¿Por qué ese empeño, en vez de contratar a más profesionales médicos?», se han cuestionado.
África Díaz, presidenta de CSIF Sanidad Madrid, ha exigido la vuelta al modelo anterior de atención urgente extrahospitalaria, con los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y la recuperación de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia.
