La Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha indicado que el número de contratos indefinidos formalizados en la provincia «sigue al alza» al alcanzarse los 136.703 contratos en 2022 frente a los 24.483 firmados durante el mismo periodo del pasado año en la provincia gaditana.
En concreto, ha señalado que el 38% de los contratos firmados durante el mes de octubre han sido de duración indefinida, un total de 12.251 de los 32.380 formalizados.
En una nota, la Subdelegación ha detallado que este crecimiento sigue la tendencia registrada en los meses precedentes de este 2022, que ha superado durante 10 meses seguidos las cifras registradas en 2021.
En el mes de octubre se han registrado 12.251 contratos de trabajo de carácter indefinido, lo que supone que más de uno de cada tres nuevos contratos son de esta modalidad, en un mes marcado hasta ahora por la contratación temporal y que en octubre del año pasado apenas alcanzó los 2.244 contratos indefinidos de un total de los 49.765 firmados.
Según datos de Subdelegación, el acumulado de contratos indefinidos asciende a 136.703 hasta octubre de 2022, frente a los 24.483 del mismo periodo del pasado año, lo que supone un 32,52% del total de los contratos firmados este año, frente al 5,18% en 2021.
El cambio de tendencia en la contratación estable es «especialmente» patente en sectores como la construcción, donde tres de cada cuatro contratos firmados son indefinidos. En la industria esta relación es casi de un contrato de cada dos y en agricultura uno de cada cuatro. En el sector servicios se mantiene la tendencia
provincial y más del 34,6% de los contratos son indefinidos.
La administración pública ha argumentado que la reforma laboral ha propiciado «un importante incremento en el número de contratos indefinidos» en la provincia desde el principio de año. El Real Decreto-ley de reforma del mercado de trabajo se publicó en el BOE del 30 de diciembre de 2021 y entró en vigor el 31 de diciembre. Tras su posterior aprobación en el Congreso, la reforma entro en vigor el 31 de marzo de 2022, un plazo de tres meses que tenían las empresas para adaptarse a la nueva normativa.
