El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este lunes mostrar su criterio contrario a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Educación de Andalucía que busca promover una bajada de las ratios en las aulas de los colegios de la comunidad, al mismo tiempo que ha señalado que «la reducción generalizada de la ratio alumno por aula en todos los niveles educativos debe implementarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el marco de una normativa estatal».
Según ha informado la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno de este lunes, el Ejecutivo andaluz ha remarcado que, «como principio fundamental de la normativa básica, es el Estado el que asume la responsabilidad de fijar los límites máximos para todo el país en la Ley Orgánica de Educación y en los decretos de desarrollo, aportando a las comunidades autónomas los recursos necesarios para poder implementarlo».
Al respecto, desde la Junta han indicado que la Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno central, «no contempla una bajada de la ratio en las aulas del sistema educativo español».
En su evaluación de la citada proposición de ley promovida con esa ILP, el Consejo de Gobierno considera que la medida que plantea «implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo», al respecto destacan desde la Junta que, «actualmente, más del 93% de las familias andaluzas matricula a su hijo o hija en el primer centro solicitado, y casi el 98% en alguno de los elegidos, porcentajes que bajarían significativamente», según destaca el informe esgrimido por el Ejecutivo andaluz.
El conjunto de medidas recogidas en la proposición de ley comportarían, según el mismo estudio en el que se apoya la Junta para manifestar su criterio contrario a esta iniciativa, «un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender solo el aumento de personal docente y no docente, sin tener en consideración los gastos derivados de las nuevas necesidades de infraestructuras, siempre que fuese posible por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los gastos indirectos por el crecimiento de unidades tanto en centros públicos como concertados».
La Junta ha agregado que, «según datos del Ministerio de Educación, el número medio de alumnos por aula en Andalucía, que cuenta con el mayor sistema educativo del país, es similar al del resto de las comunidades autónomas en las enseñanzas de régimen general, y de forma particular en la comparativa con las que cuentan con un sistema educativo de un tamaño parecido, es decir, Cataluña y Madrid».
Igualmente, «Andalucía está en la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea, y con ratios mejores que países como Francia, Irlanda o Países Bajos».
«REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS RATIOS MEDIAS»
En todo caso, Andalucía, según recoge el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado este lunes, «seguirá avanzando en la reducción progresiva de las ratios medias en las aulas, como ha ocurrido en los últimos cuatro cursos, marcando como prioridad los centros de zonas con especial problemática socioeconómica, así como las aulas con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo».
Al respecto, desde la Junta ponen de relieve que, «entre 2019 y 2022, la ratio ha pasado de 20,9 a 19,2 en las aulas andaluzas de Infantil y de 21,3 a 20,3 en Primaria, dentro de una estrategia de mejora de la calidad de la enseñanza que tiene en cuenta además otros parámetros, especialmente el refuerzo de las plantillas para aumentar los apoyos educativos».
