El Congreso da luz verde a abrir el debate para despenalizar la eutanasia. Con 175 votos a favor, 136 en contra y 32 abstenciones, se toma en consideración la proposición de ley remitida por el Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados, para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
El pleno del Congreso debatía este martes la toma en consideración de la proposición, en la que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos adelantaba que se abstendría, frente al PP y UPN que manifestaron ya su voto en contra frente al resto de grupos a favor.
El texto debatido, aprobado en Cataluña el pasado mes de julio con el apoyo de Junts pel Sí, PSC, SíQueEsPot (CatECP) y la CUP, propone modificar el apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades los que, «de manera indirecta o cooperando», ayuden a morir de manera «segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «expresa, libre e inequívoca».
Además, se indica que el paciente deberá sufrir una «enfermedad terminal» o una «patología incurable» que le provoque un «sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente». De esta forma, se modificaría el texto actual del Código Penal que recoge que quien induzca el suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, quien coopere con esta actividad también será sancionado con la cárcel y quien la ejecute tendrá una pena de hasta 10 años.
El objetivo, por tanto, es «despenalizar» esta práctica para que, tal y como han argumentado las representantes del Parlamento Catalán, Alba Vergés i Boch, Assumpta Escarp Gibert y Marta Ribas Frías, los pacientes sepan que tienen «derecho» a que se respeten sus decisiones, se eviten las arbitrariedades y se proteja la práctica profesional, «abandonando el paternalismo».
«No se pretende suprimir sin más el apartado cuarto del Código Penal, porque se abriría la puerta a una mayor criminalización, sino que en el nuevo apartado que proponemos se haga una referencia clara y explícita a la despenalización», comentaba en el debate Escarp Gibert, a lo que tanto Vergés i Boch como Ribas Frías han añadido que es una demanda de los ciudadanos.
EJERCICIO DE «VALENTÍA»
Del mismo modo se pronunciaba la diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, Marta Sibina Camps, quien aseguraba que la propuesta del Parlament de Cataluña es un «ejercicio de valentía» que «mira de cara a un debate complejo» ante el cual las instituciones que representan a la ciudadanía «no se pueden poner de perfil».
Por ello, ha criticado que el PP no vaya a apoyar la iniciativa, advirtiendo de que alrededor del 70 por ciento de sus votantes están a favor de regular la eutanasia, y que Ciudadanos se vaya abstener, siguiendo así con su línea de no actuar ante cuestiones de «gran relevancia».
El Grupo Parlamentario Socialista también ha mostrado su apoyo a la proposición de ley del Parlament de Cataluña, «comunidad que siempre ha sido «pionera» en la legislación sobre los derechos de los pacientes», y ha esperado que vaya acompañada de la que registraron la semana pasada y que pretende facilitar el derecho a la eutanasia a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida.
Sin embargo, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Cortés, ha criticado la iniciativa al considerar que el actual Código Penal protege a las personas que se encuentran en fase terminal de que un tercero pueda decidir qué hacer con su vida. Además, ha comentado que la eutanasia «no pertenece» al ámbito de la Medicina y que, incluso, «va en contra de ser médico».
«No puede ser que la Medicina y la sociedad aliente a la muerte, sino que tienen que ofrecer a los pacientes algo más. Hay que procurar que tengan una muerte digna y ayudarles a morir bien. No se trata de incrementar el sufrimiento, sino conseguir que el enfermo muera de la mejor forma, pero no de causarle la muerte», ha sentenciado la diputada ‘popular’.
En este punto, el diputado de Ciudadanos, Francisco Igea, ha recordado que actualmente se está debatiendo un proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida en el Congreso, a iniciativa de su grupo parlamentario, en la que, entre otros aspectos, se habla del derecho a la información anticipada y veraz, la obligación de informar del testamento vital, el derecho a recibir o no un tratamiento y el derecho a los cuidados paliativos.
«Tenemos 60.000 personas muriendo porque no tienen cuidados paliativos, pero nuestra iniciativa no es sólo una ley de cuidados paliativos. No tengan prisa, hagamos las cosas bien», ha argumentado Igea.
