Las candidatas de Adelante Andalucía en el Campo de Gibraltar, Leticia Blanco y Maribel Martínez, y la concejala de Adelante Algeciras, Leonor Rodríguez, se han reunido con la delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (SATJ), Manuela Hernández Delgado, para conocer la situación actual del juzgado de violencia de género comarcal desde la comarcalización del mismo en Algeciras.
Según ha detallado la formación en una nota, «la eliminación de los juzgados de La Línea y de San Roque ha sido un tema fundamental para Adelante Andalucía«, ha recordado Blanco, haciendo referencia al trabajo anterior de Ángela Aguilera, que lo trasladó al Parlamento de Andalucía y el Senado; a la moción del grupo provincial de Adelante Cádiz en la Diputación de Cádiz, y en el Ayuntamiento de Algeciras de la mano de Leonor Rodríguez.
«Es un tema capital para nosotros y su descomarcalización es uno de nuestros objetivos en este período electoral», ha insistido Leticia Blanco.
Para la candidata número 3 de Adelante Andalucía, «la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) no ha supuesto más que una clara disminución de los recursos», puesto que «centralizando toda la actividad en una sola sede en Algeciras, se ha perjudicado gravemente tanto a las víctimas como al personal que trabaja en dicho juzgado».
Así, ha insistido en «la especial vulnerabilidad de la víctima de este tipo de violencia, la posible falta de recursos y la situación límite desde la que llegan muchas mujeres antes de denunciar».
«No es lógico que algo que debería ser la solución a una tragedia se complique hasta el punto de convertirse en un problema», ha denunciado Blanco.
Por su parte, Hernández ha explicado que, según datos sindicales, cada día, el JVM registra de media, siete atestados. «Hay trabajadores que piden comisión de servicios para huir de la sobrecarga constante de trabajo que implica estar en este juzgado», ha indicado.
Y es que, «frente a este volumen de trabajo, encontramos una plantilla con la mitad de personal interino y una sola jueza al borde del colapso, lo cual provoca un cuello de botella insalvable, como ha sido ya denunciado por el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz», ha manifestado.
A esto «se suman los constantes desplazamientos que fiscales, forenses, y otro personal tiene que hacer diariamente, ya que el JVM se encuentra temporalmente en la sede de la calle Muro mientras se terminan unas obras que llevan dos meses de retraso», ha señalado.
La delegada sindical ha recordado que tanto el personal, como las infraestructuras de Justicia en Algeciras, son competencia de la Junta de Andalucía y «ambas muestran la negligencia de dicha administración, manifiesta en las constantes denuncias interpuestas».
Ante esta situación, Blanco ha mostrado con rotundidad su rechazo a la actitud de la Junta. «El delegado territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Rodríguez, puede seguir afirmando que la labor jurisdiccional no se ha visto desatendida y los funcionarios cuentan con una sede acorde a sus necesidades, pero basta ver las denuncias hechas hasta ahora por parte del mismo personal del juzgado para apreciar la mentira», ha asegurado.
Así, «la intensa actividad del juzgado de violencia sobre la mujer se ha intentado abordar con tres plazas de refuerzo financiadas con fondos estatales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, en todo caso no pueden ser renovadas este 30 de junio, y que es un por periodo máximo de tres años», ha explicado la delegada sindical. «Una vez acabado ese período, el personal interino tiene que cesar para volver a optar de nuevo», ha expuesto.
Para Blanco, «esto incide en la precariedad y la falta de estabilidad del personal que trabaja en el Campo de Gibraltar, algo que de nuevo nos demuestra la importancia de declarar nuestra comarca como zona de difícil cobertura». Por eso, «la descentralización del juzgado y que vuelvan los juzgados de violencia de La Línea y San Roque va a ser un objetivo fundamental. Vamos a seguir peleando y apoyando las movilizaciones del personal para presionar a la Junta».
