La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz, Isabel Paredes, ha acudido este martes, en representación de la Consejería, a la concentración de protesta convocada en la sede de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), en el recinto hospitalario de Puerto Real, para condenar la agresión sufrida por un médico del servicio provincial de 061 la pasada semana durante el desempeño de su labor.
En una nota, Paredes, que ha estado acompañada por parte del equipo directivo del servicio provincial del 061 y el gerente del Hospital Universitario de Puerto Real, Alfonso García, ha mostrado su más «enérgica repulsa a esta clase de actos» y ha recordado que ante cualquier amenaza o agresión, tanto física como verbal, hacia los profesionales que atienden a la ciudadanía la denuncia que se curse será por la vía penal.
En este sentido, la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
En el momento de la agresión, la EPES puso en marcha el procedimiento establecido para estos casos, facilitando el asesoramiento legal al profesional afectado para la puesta en marcha de las actuaciones legales por medio del gabinete jurídico del 061, así como el ofrecimiento de apoyo psicológico individual por un experto en esta materia.
Asimismo, ha recordado que la Consejería de Salud y Familias está trabajando para la implantación de un nuevo Plan de Agresiones. Entre las actuaciones que se están trabajando, están el poder facilitar atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, acompañar al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
Una novedad más será la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a realizar exigencias que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.
La formación a los profesionales cobrará especial importancia y tendrá una doble vertiente. Por un lado, se diseñarán talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en los que los profesionales aprenderán a controlar situaciones conflictivas; por otro, recibirán formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión.
