Andalucía ha obtenido un 7,1 en atención a la Dependencia, solo por detrás de Castilla y Le (8,9) y empatada con Castilla la Mancha, según el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Por territorios, el informe muestra que se mantienen las «enormes desigualdades» entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Ocho comunidades aprueban la escala este año, y siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Mientras, Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), retroceden hasta las últimas posiciones.
Entre las comunidades con limbo de la dependencia en situación «muy preocupante» se sitúan: Cataluña (31,9%), La Rioja (29,3%) y Canarias (24,4%). En concreto, Cataluña (con 73.386), Andalucía (con 56.534) y Madrid (con 28.494), acumulan el 68% del limbo de la dependencia en España.
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, un total de 55.487 personas han fallecido en España en las listas de espera de la dependencia, durante el primer año de la pandemia de la Covid-19.
«Ha sido un año de retroceso en el sistema de Dependencia, un año marcado por la pandemia, terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte», ha precisado este lunes en rueda de prensa el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
El estudio, presentado este lunes 15 de marzo, revela que 21.005 personas murieron esperando la resolución y 34.370, sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.
Así, 152 personas fallecieron diariamente en la lista de espera de la dependencia a lo largo de 2020. El 79,4% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron porque fallecieron.
Cuando se cumple el primer año desde que se declaró el Estado de Alarma, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha constatado un «retroceso» en el sector de la Dependencia. En plazas de centros de día y residencias, según avisan, el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017, y advierten de que parece que se tiende a «un sistema de servicios low cost».
«El impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni en un solo euro nuevo en el año 2020, ha hecho retroceder al Sistema en los indicadores relevantes», subrayan los autores.
De los datos se desprende que 232.243 personas se encuentran a día de hoy en lista de espera de la Dependencia, «el 17,1% de las personas con derecho a atención».
La Asociación calcula que el 41,5% de las personas «desatendidas» (96.351) son dependientes con Grados III o II. A ellas hay que añadir 141.556 expedientes que están pendientes de valoración. Así, concluye que «la desatención (pendientes de valorar + limbo de la dependencia) alcanza a 373.800 personas».
Además, el estudio revela que durante 2020 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 248.751 fallecimientos de personas con solicitud de dependencia. De ellas, el 22,26% (casi una de cada cuatro) fallecieron a la espera de resolución de grado o de prestación (limbo). Del total de personas fallecidas, el 80,73% tenían más de 80 años, es decir, 200.825 personas.
PRESTACIONES DE MENOR INTENSIDAD
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que las prestaciones y servicios «son cada vez de menor intensidad e insuficientes».
Así, precisa que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138 euros al mes para el Grado I; 242 para el Grado II y 335 para el grado III.
Además, de los datos se desprende que casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la seguridad social, 60.293 se encuentran dadas de alta, un 13,4% del total de las personas cuidadoras.
Por su parte, la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 euros al mes; y la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17 horas al mes para el Grado I; de 36 horas al mes para el Grado II y de 57 horas al mes para el Grado III.
Además, durante 2020, fallecieron 173.426 personas con resolución de prestación de dependencia. De ellas el 41,98% eran personas beneficiarias con atención residencial (tanto personas con una prestación de servicio de atención residencial como personas con prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), es decir, se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias. Entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto del Covid-19 se estima en 26.340 personas, el 36,2%.
Asimismo, el estudio muestra que por primera vez desde el año 2014 se ha reducido el número de personas consideradas en situación de dependencia, 28.564 personas menos que al inicio del año; 43.794 solicitudes menos (-2,3%) y 26.157 resoluciones menos (-1,7%).
Además, el informe pone de relieve que se han incrementado en 9.047 las personas que reciben servicios o prestaciones del sistema, lo que supone «un retroceso del 86% del aumento de atenciones del año 2019 y un retroceso del 91% respecto a 2018». El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días.
SE HAN PERDIDO 7.000 EMPLEOS
En cuanto a los empleos en el sector de la Dependencia, en 2020, hay una ratio de 35 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno asciende al 40%. Por primera vez en toda la serie histórica el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo, según el estudio.
Según denuncia la Asociación, hay un «recorte acumulado» de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, que asciende a 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.
Según el documento, el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2020 asciende a 9.132 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.252 millones, y el resto (1.880 millones), las personas usuarias en forma de copago regulado (20,6%).
Atendiendo al plan de choque para la dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes celebra que «supone el fin de los recortes al sistema del año 2012», con un incremento de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%.
La Asociación pide que la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación sean «la prioridad para que 100.000 personas dependientes salgan de la lista de espera y crear 25.000 nuevos puestos de trabajo».
