Andalucía y Cataluña han recibido 13,6 y 12,6 millones de euros, respectivamente, del Ministerio de Justicia, siendo las comunidades autónomas más beneficiadas en el reparto de los 83,9 millones de euros procedentes de los fondos europeos acordado el pasado año 2021.
En una respuesta parlamentaria a Vox, recogida por Europa Press, el Ejecutivo ha recordado que dichos montos fueron aprobadas en las Conferencias Sectoriales del 30 de abril y el 3 de diciembre de 2021.
Según ha detallado el Gobierno, Andalucía recibió 4,3 millones de euros en el primer reparto y 9,2 millones en el segundo. En el caso de Cataluña se trasfirieron 3,5 millones primero y otros 9 millones después.
La tercera comunidad que más fondos percibió fue la Comunidad de Madrid: 3 millones en el primer reparto y 8,9 millones en el segundo para un total de 11,9 millones de euros. Le sigue en la lista la Comunidad Valenciana, que recibió 2,4 millones y 8,8 millones; es decir, 11,2 millones de euros en total. Y Canarias, que consiguió una aportación total de diez millones de euros.
País Vasco, por su parte, se vio beneficiada con 9,9 millones; Aragón con 4,8 millones; Galicia con 4,1 millones; Navarra con 2,4 millones; y Cantabria con 1,8 millones. Las comunidades que menos fondos recibieron fueron Asturias –con 965.752 euros– y La Rioja –con 583.268 euros–.
En el marco de la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo ha indicado que, en relación con las transferencias realizadas a las comunidades con competencias transferidas para el primer reparto, el Ministerio de Justicia está pendiente de recibir los datos por parte de las administraciones autonómicos de acuerdo con la ley general presupuestaria «para poder conocer el montante del gasto finalista al cierre del ejercicio 2021».
En cuanto a la segunda transferencia, el Gobierno ha precisado que las fases del gasto de dichos créditos deben comenzar en el ejercicio 2022 por haberse transferido a las respectivas Tesorerías de las comunidades en el mes de diciembre, «posibilitando así, una fase de tramitación de expedientes más temprana, que si se hubieran transferido durante el 2022».
En su momento, el departamento dirigido por Pilar Llop explicó que estos fondos permitirán «implantar coordinadamente infraestructuras digitales en todo el territorio del Estado y construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables». Asimismo, facilitará la creación de una «arquitectura de la información» basada en datos para la gestión y ejecución de políticas públicas enfocadas en la evidencia.
En esta ocasión, el Gobierno ha recordado a Vox que el plan de Justicia 2030 se enmarca en el «proceso de transformación del país» y tiene tres objetivos: mejorar la eficiencia del sistema, hacerlo más accesible a la ciudadanía e «incorporar la Administración de Justicia al proyecto-país» con planes de igualdad, de transición ecológica y con sistemas de acceso digitales comunes.
