La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha confirmado que la institución provincial ha pasado «de la preocupación» a la «movilización» en defensa de la red de la atención a las personas con problemas de drogodependencias.
Dicha evolución viene motivada por la «indefinición» de la Junta de Andalucía en relación al mantenimiento «de un sistema que cumple 35 años de servicio público y que reportó asistencia profesional a 6.700 usuarios de la provincia de Cádiz durante el año 2019».
Según explica la Diputación en un comunicado, Irene García ha expresado esta actitud antes de abrir un encuentro técnico sobre ‘Actualización en la prevención de adicciones’ que ha tenido lugar en San Fernando (Cádiz), junto a Patricia Cavada, alcaldesa de dicho municipio.
En este foro han participado profesionales de los centros de tratamiento ambulatorio (CTA) localizados en la provincia, así como representantes de diferentes asociaciones.
La jornada ha permitido exponer dos ponencias: las bases de actuación preventiva ante los juegos de azar en jóvenes, por parte del psicólogo del CTA de Cádiz, Carlos Atienza; y la herramienta preventiva ‘Cannbiando: las historias de Paula y Álex’, explicada por Isabel María Herrera del departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.
Irene García ha informado que «las necesidades que la institución provincial quiere resolver» son «por una parte, las contrataciones que se requieren para mejorar la atención al usuario y, por otra, las mejoras en los centros para proporcionar una asistencia cálida y cercana». Sin embargo, ha afirmado que «antes hay que exigir a la Junta de Andalucía que aclare el propio funcionamiento de esta red».
Para la presidenta de la Diputación de Cádiz, la red provincial «es la más extensa y completa de Andalucía». Existen 16 centros de tratamiento ambulatorio, si bien la cobertura del Servicio Provincial de Drogodependencias también alcanza a centros penitenciarios.
Se estima que un 87 por ciento de la población gaditana dispone de un recurso especializado en su lugar de residencia. En esta respuesta asistencial convergen cien profesionales de diferentes disciplinas. Al respecto, Irene García ha agradecido a los ayuntamientos de San Fernando y de Cádiz su contribución económica.
Diputación dedica anualmente cuatro millones de euros al mantenimiento de esta red en la provincia de Cádiz, según indica la propia institución provincial. «La aportación de la Junta de Andalucía ronda los dos millones de euros, pese a ser una competencia propia de la comunidad autónoma», ha indicado Irene García, reclamando que la Junta «asuma el 50 por ciento de manera inmediata y renueve el convenio».
La presidenta de Diputación considera que «la Junta debe despejar cuanto antes la incertidumbre y no repetir el escenario del pasado año, cuando hizo efectiva su aportación económica a mediados de diciembre, provocando inestabilidad a los profesionales y a los usuarios de los centros».
