El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acordado con los sindicatos CCOO-A y UGT-A y con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) garantizar «con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la Atención Primaria» de la sanidad andaluza «salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos».
Así lo ha acordado la Junta con los citados agentes sociales en el marco del ‘Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía’, que el presidente Juanma Moreno ha firmado este lunes en el Palacio de San Telmo con las secretarias generales de los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en un acto en el que también ha participado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.
Según ha explicado el presidente, el pacto implica la movilización de casi 9.000 millones de euros en torno a los dos grandes bloques en los que se sustenta, uno de ellos de «medidas urgentes para apoyo a familias, personas trabajadoras, autónomos y empresas», para las que se destinan más de 4.430 millones de euros, y otro de «medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía», al que se destina el montante restante.
PACTO ANDALUZ POR LA ATENCIÓN PRIMARIA
Dentro del bloque de medidas urgentes figura la de «concretar un pacto andaluz por la Atención Primaria de forma que siente las bases para reforzar este nivel asistencial y corregir el desequilibrio tradicional del presupuesto sanitario sosteniendo un esfuerzo para que al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía se destine a la atención primaria, garantizando con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la atención primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos».
Ese punto del acuerdo, consultado por Europa Press, precisa también que «cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria, que haya sido financiada con fondos públicos, será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz». Para la concreción de este pacto se presupuesta un montante de 3.370.000.000 euros.
Esta medida se conoce menos de una semana después de que la Consejería de Salud y Consumo corrigiera en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado el pasado jueves, 9 de marzo, su orden sobre la tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios, para precisar que la administración sólo recurrirá a la colaboración privada «en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias».
Así se recogía en una corrección de errores sobre dicha orden que incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio, y que provocó las críticas tanto desde los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz del PP-A como por parte de sindicatos del sector sanitario por considerar que abre la puerta a la privatización de la atención primaria.
En este contexto, tanto las secretarias generales de UGT-A y CCOO-A como el presidente de la Junta han puesto de relieve este punto del acuerdo en sus respectivas intervenciones en el acto de la firma de este pacto.
VALORACIONES DE SINDICATOS
Así, la líder de UGT-A, Carmen Castilla, ha defendido la necesidad de «reforzar un nivel asistencial que siempre ha estado muy desequilibrado con la atención hospitalaria», y al respecto de este acuerdo ha pedido al presidente de la Junta «que la Consejería de Salud escuche a los sindicatos, que entendemos de los problemas laborales de los trabajadores» sanitarios, de los que «han dado todo durante la pandemia, y también antes y después», según ha remarcado, desde la premisa de que «hay que reforzar el sistema público».
Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha puesto de relieve que este pacto «recoge que en Andalucía se va a apostar por defender la sanidad pública», que «se encuentra tensionada por alguna política que se ha puesto en marcha en la comunidad», según ha apostillado, y ha subrayado que este acuerdo «emplaza directamente al Gobierno andaluz a que, si se cumple, va a blindar la Atención Primaria en Andalucía», al tiempo que con él se «acota bien la excepcionalidad» que permitiría externalizar dicho nivel solo en «situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos».
«Todo eso se tiene que garantizar en una normativa; por tanto, seguridad jurídica y certeza para los andaluces», ha aseverado la dirigente de CCOO-A, que ha defendido que, «para los andaluces, la sanidad pública es una cuestión de primer orden», y por eso desde el sindicato van a «trabajar en que, más pronto que tarde, haya un pacto por la Atención Primaria en Andalucía».
«COMPROMISO ROTUNDO POR LA SANIDAD PÚBLICA»
Finalmente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto el acento también, a la hora de desgranar algunas de las medidas que ha considerado más destacadas de este acuerdo, en la de dicho «pacto andaluz» para «reforzar a todos los niveles, también el presupuestario», la Atención Primaria «pública», garantizando «un mínimo de 3.370 millones de euros» para ello, según ha puesto de relieve.
Al hilo, Juanma Moreno ha querido reafirmar, «una vez más», el «compromiso rotundo del Gobierno de Andalucía por una sanidad universal, pública y gratuita».
Al margen de dicho pacto, y en el segundo bloque de ‘Medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía’, se recoge un apartado de «líneas de mejora en la atención a la salud, servicios sociales y dependencia» que incluye, entre otros compromisos, «seguir incrementando las inversiones necesarias en la sanidad pública andaluza para situarla en torno a la media estatal de inversión sanitaria per cápita», así como «establecer objetivos de disminución de las listas de espera, quirúrgicas y diagnósticas».
La Junta también ha acordado con los sindicatos y la patronal «establecer las medidas necesarias, a través de un plan de fidelización, para que los profesionales que han adquirido formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en esta comunidad autónoma desarrollen su actividad profesional en Andalucía», y «aprobar la estrategia de salud digital en el marco del diálogo social».
