Un total de 2.662 usuarios constituyen el censo de inscritos en el servicio de ayuda a domicilio que cubre la Diputación de Cádiz, según los datos registrados en junio, al cierre del primer semestre de 2021. La entidad provincial, a través de su delegación de Bienestar Social, es responsable de la prestación del servicio en los 30 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, algo que se traduce en 1.160 empleos de auxiliares que completan más de 780.000 horas de trabajo para el desempeño de sus funciones.
Según ha informado la Diputación en una nota, durante este semestre se ha pasado de 2.495 usuarios en enero, a 2.662 en junio. Por ello, el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha recalcado que «desde la Diputación se siguen mejorando los servicios sociales de la provincia, y en concreto la ayuda a domicilio», al tiempo que ha recordado que «se trata de un servicio fundamental que da calidad de vida, y que significa que estas personas pueden vivir en sus casas y no tienen que ser desarraigados o llevadas a residencias».
Tras el 2020, con la irrupción del Covid-19, las dudas iniciales de cómo prestar el servicio durante el confinamiento y la dificultad de tener acceso a equipos de protección individual, EPI, en el año 2021 la prestación se sigue ofreciendo con todas las garantías, si bien con un escrupuloso respeto a las normativas de prevención de contagios y en condiciones de mayor tranquilidad gracias a las vacunas, según han destacado en la Diputación.
Además, el diputado ha agradecido el trabajo que desarrollan las profesionales, que en su inmensa mayoría son mujeres, para seguir cumpliendo con su obligación en cualquier circunstancia.
No obstante, De la Encina ha recordado la reivindicación de que la Junta de Andalucía, que es la administración competente, revise el precio por hora que aporta a los ayuntamientos y diputaciones para ofrecer «un salario más digno a las trabajadoras y mejorar las prestaciones de este servicio» y ha señalado que los 14,6 euros que perciben por hora son «escasos e insuficientes y deberían incrementarse hasta los 18 euros». Una demanda que viene trasladando a la administración autonómica de modo recurrente y que se muestra «confiado» en que sea atendida.
