La Comisión Europea ha recordado que este viernes termina el plazo que dio a España y a otros ocho países del bloque comunitario para presentar medidas «adicionales, creíbles y efectivas» encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
Fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) han asegurado a Europa Press que se enviará la documentación en plazo, que contempla todas las medidas de todas las administraciones de España competentes en calidad del aire.
«Tras debates constructivos, el colegio (de comisarios) acordó proceder con las últimas etapas del procedimiento de infracción a no ser que se presenten a tiempo medidas adicionales, creíbles y efectivas por parte de los nueve Estados miembros involucrados», ha insistido en una rueda de prensa el portavoz de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio.
Brivio ha recordado que el comisario del ramo, Karmenu Vella, se reunió con los ministros y secretarios de Estado de los nueve países el martes 30 de enero. «Esa cumbre fue convocada como el último esfuerzo para encontrar soluciones para atajar el grave problema de la contaminación atmosférica en la UE», ha señalado.
Bruselas, ha dicho, quiere «ayudar» a los países a «cumplir urgentemente» con los límites de emisiones «que han sido acordados pero no respetados por muchos años». Desde que tuviese lugar ese encuentro, el Ejecutivo comunitario ha mantenido «intercambios» con algunos de los países, aunque no ha desvelado con qué gobiernos ni cuál ha sido el resultado de estas conversaciones.
Una vez finalice el plazo, Brivio ha apuntado que la Comisión Europea necesitará tiempo para evaluar las consideraciones «técnicas y legales» de las medidas presentadas antes de tomar una decisión sobre una posible denuncia por incumplimiento ante la Justicia europea.
Al término de la reunión del 30 de enero, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, explicó que el Ministerio informaría a la Comisión Europa del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados.
García defendió también que no se trata de «un problema generalizado», sino que afecta a «determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, indicó que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y el extrarradio de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).
