El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y diputado autonómico por Cádiz, Sergio Romero, ha comentado cuáles son algunas de las líneas de trabajo que seguirá la formación naranja de cara al recién iniciado año 2018, y que favorecerán a Cádiz para que
«la provincia pise el acelerador y se ponga a la altura del resto de España»
, según ha dicho.
Romero se ha referido a algunas de las leyes impulsadas por Ciudadanos que ayudarán a la reducción del desempleo y a la activación de la economía. En primer lugar, el diputado ha destacado la nueva Ley de emprendimiento que se está desarrollando en el Parlamento y que, según ha señalado, facilitará las cosas con menos burocracia y con más financiación.
Otra de las leyes comentadas por el parlamentario ha sido la nueva Ley de Formación Profesional en Andalucía.
El sector agroalimentario también ha sido uno de los aspectos resaltados por Romero, quien ha afirmado que desde la formación naranja «se presentará una iniciativa legislativa para impulsar una Ley de agricultura y ganadería en Andalucía.
El parlamentario naranja ha señalado que Cs tiene también como gran objetivo la mejora de infraestructuras, así como una mejor destinación de los fondos europeos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), en la provincia.
La reforma de la Ley Electoral constituye otro de los grandes objetivos de Cs, tal y como ha avanzado Romero, quien la ha calificado como injusta ya que los votos «no valen lo mismo con esta ley». Ha asegurado que en la provincia de Cádiz a Ciudadanos le cuesta un escaño 40.000 votos mientras que al PSOE le cuesta 29.000.
Por último, el parlamentario ha planteado la necesidad de que exista una Ley de control y evaluación de las políticas públicas que permita conocer cómo se gasta cada euro de los andaluces. Romero ha recordado que en toda la historia del Parlamento andaluz no se ha puesto nunca en marcha una iniciativa de estas características en la que un órgano independiente e imparcial controle y supervise todo lo que hace la administración pública en materia económica