La Policía Nacional ha detenido en Almería y Murcia a un total de 45 personas acusadas de promover o participar en la compraventa de contratos de trabajo falsos para inmigrantes ligados a una pequeña explotación por los que se llegaba a cobrar entre 3.000 y 4.000 euros y que servían para regularizar su residencia u obtener prestaciones sociales de forma fraudulenta.
Según ha indicado la Comisaría en una nota, se ha arrestado a un empresario agrícola almeriense de 55 años acusado de liderar la organización con la que se realizaba la venta de los contratos ficticios a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, argelino, guineano, burkinés y senegalés.
Era precisamente el presunto ‘cabecilla’ de la trama quien supuestamente ofrecía estos contratos laborales ficticios y altas en la Seguridad Social a inmigrantes irregulares a cambio de importantes sumas de dinero con el objetivo de que pudieran regularizar su situación en España o acceder a prestaciones públicas.
En total, han sido 26 las personas detenidas en la provincia de Almería, entre ellas varios intermediarios marroquíes y argelinos, además de ciudadanos extranjeros que se beneficiaron del fraude; mientras que en Murcia se ha arrestado a 19 personas más, entre ellas dos intermediarios y numerosos migrantes implicados en el uso de contratos falsos.
Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2021 en Almería, a raíz de un informe de la Oficina Única de Extranjeros, que detectó un desproporcionado volumen de solicitudes vinculadas a una pequeña explotación agrícola.
En Murcia, en octubre de 2022, se detectaron certificados falsificados de la misma empresa, lo que motivó la apertura de diligencias conjuntas entre el Grupo II de la Ucrif de la Comisaría Provincial de Almería (Operación Jalapeño) y el Grupo IV de la Ucrif de la Jefatura Superior de Policía de Murcia (Operación Mirlo).
A través de estas simulaciones laborales, no solo lograban permisos de residencia y trabajo, sino que algunos llegaron a cobrar prestaciones indebidas del SEPE y del Instituto Nacional de Seguridad Social gracias a cotizaciones generadas de forma fraudulenta.
La investigación reveló que la empresa carecía de actividad real y había sido declarada «ficticia» tras una inspección laboral, de modo que «su único fin era lucrarse mediante la venta de contratos falsos».
Los agentes de la Policía Nacional recabaron pruebas documentales, declaraciones de víctimas y testigos, así como reconocimientos fotográficos que permitieron identificar con precisión a todos los implicados.
La operación se desarrolló en varias fases entre mayo y julio de 2025, con actuaciones en Almería y Murcia, y concluyó con la desarticulación de la red y la puesta a disposición judicial de todos los detenidos, alguno de ellos con antecedentes por hechos similares.
Las diligencias y los detenidos por falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros han sido asumidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia. La investigación sigue abierta para localizar a otros posibles implicados.
