La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reunido este miércoles en el Congreso a representantes de todos los grupos parlamentarios con los que ha acordado mantener abierta una línea de comunicación para trasladarles las decisiones que irá adoptando el Ejecutivo para la aplicación del ‘Brexit’, previsto en principio para el próximo 29 de marzo.
La cita, que se fraguó a principios de semana, ha tenido lugar justo un día después de que el Parlamento británico votara en contra del acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea que la primera ministra, Theresa May, alcanzó con Bruselas, un rechazo que abre la puerta a una ruptura abrupta, para la que ya se está preparando la Unión Europa.
A la reunión han asistido representantes de todos los grupos, entre otros, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, y su compañero José Ramón García Hernandez; el del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez; el portavoz de ERC, Joan Tardà, y gran parte de los partidos del Grupo Mixto. En nombre del PSOE ha asistido el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.
Durante el encuentro, la vicepresidenta se ha comprometido a mantener informados a los distintos partidos de los pasos que irá dando el Gobierno en función de los distintos escenarios que pueden abrirse en la próximas semanas.
GRUPO DE TRABAJO
Para ello, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha creado un grupo de trabajo bajo coordinación del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, también presente en la reunión de este miércoles
Por lo pronto, Calvo ha informado a los portavoces de los grupos parlamentarios de las reuniones que vienen manteniendo el Gobierno con distintas autoridades británicas y ha confirmado que trabajan con la previsión de aprobar en febrero un decreto-ley de medidas de contingencia ante una salida del Reino Unido sin acuerdo.
En este decreto ley se incluirán cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos españoles que residen en Reino Unido y de los británicos que viven en nuestro país, así como a la situación en la que quedarán las empresas que trabajan en cada uno de los países, con especial atención al sector agroalimentario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lamentar el resultado negativo del parlamento británico, ya avanzó que «priorizará los derechos de ciudadanos y residentes» ante una ruptura abrupta que considera «negativa para la UE y catastrófico para el Reino Unido».
Desde el PP han adelantado que no comparten la urgencia legislativa del Gobierno para regular planes de contingencia ante un escenario que puede no estar aún claro en febrero. May tiene de plazo hasta este lunes para presentar un plan alternativo tras el rechazo de Westminster pero no se descarta ni una salida sin acuerdo ni la petición de una prórroga para hacer efectivo el ‘Brexit’.
EL FUTURO DE GIBRALTAR
Fuentes ‘populares’ han explicado a Europa Press que les habría gustado que el Gobierno les hubiera informado antes y de una forma más fluida de sus planes y han denunciado que Calvo ha dejado claro que el Ejecutivo trasladará sus movimientos a los grupos pero que éstos no participarán en la redacción del decreto-ley.
El primer partido de la oposición exige al Gobierno que trate este asunto como un tema de Estado, priorizando que se garantice la reciprocidad y defendiendo los intereses de España, sus empresas y los ciudadanos de ambos países, habida cuenta de que la importancia estratégica de las relaciones con Reino Unido.
El PP, por su parte, se compromete a actuar con «lealtad» pero ya avanza que no admitirá «cesiones». En este contexto, reclaman que, si se abre una nueva negociación entre los británicos y Bruselas, se renegocie la situación de Gibraltar, así como que si en el futuro la UE revisa el estatus del Peñón se establezca como condición previa un acuerdo del Gobierno de España.
