Mari Ángeles Martínez Rico resalta que “el objetivo es acabar con esta lacra social, garantizando una vida libre de violencia para todas las mujeres del municipio”
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 29 de julio la resolución emitida por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres por la que se formaliza la transferencia de fondos a entidades locales en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2025. Una resolución a través de la cual el Ayuntamiento de Chiclana recibe un total de 31.066,89 euros
De esta forma, la asignación que recibirá el Ayuntamiento de Chiclana se destinará al desarrollo de nuevas o ampliadas competencias en materia de prevención, atención y protección frente a las violencias machistas. Así, esta cuantía se calcula conforme a criterios establecidos en el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, que considera variables como la población empadronada, la adhesión al Sistema Viogen y el número de usuarias del servicio ATENPRO.
Y es que el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España distribuye 180,2 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En concreto, se trata de 140,2 millones para las comunidades y ciudades autónomas y otros 40 millones para los ayuntamientos, con los que deben financiar programas de lucha contra la violencia de género.
A este respecto, la delegada de Mujer, Mari Ángeles Martínez Rico, ha señalado que “el objetivo es acabar con esta lacra social articulando una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; manteniendo y mejorando, en todo el territorio del Estado, la red de recursos, servicios y prestaciones destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres; promoviendo las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres; y reforzando la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional”.
Cabe recordar que el Pacto de Estado, aprobado inicialmente en 2017 y renovado por el Congreso de los Diputados el 26 de febrero del presente año, ha ampliado sus medidas de 290 a 461, incorporando nuevos ejes de actuación como la violencia vicaria, económica y digital, y reforzando la atención a colectivos especialmente vulnerables como mujeres rurales y con discapacidad.
