viernes, noviembre 22, 2024
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El Consejo General del Poder Judicial aprueba reforzar la jurisdicción penal de los juzgados de Barbate

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves reforzar la jurisdicción penal como medida de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad gaditana de Barbate, consistente en la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut.

El Consejo General del Poder Judicial ha señalado que de esta manera se refuerzan estos órganos, donde se está instruyendo actualmente la causa por la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero, y agilizar el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La medida de apoyo, que cuenta con la preceptiva autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se acuerda por un plazo de seis meses, renovables desde la incorporación de la comisionada.

El refuerzo aprobado este jueves en Cádiz fue propuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior andaluz el pasado mes de febrero y ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que ha elaborado un estudio sobre la situación en los partidos judiciales de las provincias de Cádiz y de Huelva más afectados por el narcotráfico del que los miembros de la Permanente han dado cuenta este jueves a los presidentes de ambas audiencias y a los jueces decanos de la zona.

Así, durante la reunión celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz, los vocales del CGPJ han expuesto las conclusiones del informe del Servicio de Inspección sobre la situación en los partidos judiciales de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y los de Ayamonte y Moguer, en Huelva, que son los más afectados por el fenómeno del narcotráfico.

Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global –civil y penal– supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%, mientras que la carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023.

Para dar respuesta a estos problemas, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda, y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada hoy para los juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer.

El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos. Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior, como intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial o pruebas periciales contables.

El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.

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