El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado apoyar el reconocimiento de la arquitectura como Bien de Interés General en el marco de una declaración institucional que ha leído este jueves la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, en la que se indica que la arquitectura debe considerarse bien de interés general y que, como tal, requiere que se reflexione y se analicen los parámetros y valores inherentes a esta actividad que generen un producto de calidad que garantice su función social.
Coincidiendo con la lectura de esta declaración institucional, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha recibido este jueves en el Parlamento a la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), Noemí Sanchís, así como a los decanos de los ocho colegios de Arquitectura de Andalucía, a los que ha reiterado que «esta distinción supondrá, además de un reconocimiento a la profesión y su repercusión en la sociedad, una garantía de que la arquitectura se ejercerá de forma adecuada en todo el territorio».
Así lo ha indicado la consejera, quien el pasado mes de octubre ya avanzó que el Gobierno andaluz propondría esta declaración institucional en el Parlamento autonómico, según han informado desde el departamento de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta en una nota.
La consejera ha remarcado que «la buena arquitectura es fundamental para mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno, ya sea urbano o rural», y ha indicado que, con esta declaración institucional en el Parlamento, se visibiliza el apoyo al papel de la arquitectura y los arquitectos en el diseño de los territorios.
En la declaración se explica que la arquitectura, entendida como el arte y técnica de proyectar y construir edificios y espacios públicos, y considerada como una de las Bellas Artes, no puede ser entendida únicamente como una actividad mercantil o económica, por ser inherente a esta disciplina su función social.
Además, indica que es necesario reflexionar sobre los parámetros y valores inherentes a la actividad arquitectónica en términos de calidad para poder conjugar la defensa de los valores colectivos e individuales y destacar su valor público como sector económico clave, y de la «máxima trascendencia» en la definición de la identidad y el bienestar de los ciudadanos.
«Los espacios públicos y las fachadas de las edificaciones y demás construcciones conforman el entorno de nuestras vidas, de esa forma, en cualquier actuación arquitectónica o edificatoria que afecte a la ciudad o al territorio va implícita la función social de la propiedad en su vertiente de calidad del espacio público, y de ahí la importancia de que esta actividad sea de calidad», reza en el texto, que también recoge que es necesario poner la Arquitectura al servicio colectivo, situando al ciudadano en el eje central de las actuaciones de los profesionales.
Además, «en estos meses de pandemia generalizada, se ha puesto más aún de manifiesto la necesidad de que los poderes públicos fomenten la arquitectura de calidad para los edificios y entornos construidos, que pueda generar una mayor salubridad en la habitabilidad y uso de esos espacios, tanto públicos como privados», indica la declaración.
Por todo ello, el Parlamento de Andalucía considera que la arquitectura, en todos sus ámbitos, debe considerarse como un bien de interés general y que como tal requiere que se reflexione y se analicen los parámetros y valores inherentes a la actividad arquitectónica que generen un producto de calidad que garantice la función social que todo bien edificado o entorno construido tiene, en un mayor o menor grado.
Además, la Cámara se muestra favorable a que el Consejo de Gobierno de la Junta, en el ejercicio de sus funciones, atienda al interés general que supone la arquitectura para la sociedad andaluza con objetivos como, entre otros, «fomentar con carácter general la calidad en la actividad arquitectónica; promover la defensa y fomento de la calidad de la arquitectura como bien de interés general y establecer los criterios en base a los cuales las administraciones públicas deben proteger y fomentar la calidad en la arquitectura, sentando las bases para un ejercicio responsable de la misma, que fomente la expresión arquitectónica artística y creativa, que genere calidad y valor arquitectónicos para disfrute de los ciudadanos, enriqueciendo el patrimonio cultural, arquitectónico y urbano de nuestras ciudades y territorios».
«La arquitectura de calidad debe servir para salvar las diferencias considerables que se encuentran dentro de las ciudades en relación a las oportunidades económicas y sociales existentes en cada zona. En ese mismo sentido, debe valer para mitigar las diferencias de calidad medioambiental que se encuentran hoy en día», remarca el acuerdo.
