El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) mediante la cual demanda que se refuerce el papel de la educación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La portavoz de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS, Noemí Villagrasa, ha explicado la trascendencia de esta iniciativa, en la que se ha trabajado conjuntamente con la Alianza Mundial para la Educación, «cuyo objetivo es colocar en la agenda internacional, como prioritario para los países, la inversión en las políticas educativas para garantizar el futuro de la infancia y las generaciones venideras y la movilización de recursos».
Para la diputada por Zaragoza, «es fundamental» proteger la educación y los sistemas públicos de educación «como instrumento indispensable para el desarrollo de los países y el futuro de sus generaciones, por su efecto cohesionador y de equidad y, en consecuencia, como imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
En su opinión, la Cooperación Española debe seguir liderando la promoción de la educación «como bien público y derecho humano, especialmente en países de renta baja y media, pero también debemos mirar el contexto nacional, donde el sistema educativo es una de las banderas de nuestra democracia».
En este contexto, resulta clave defender, especialmente, a las niñas y adolescentes, «quienes han sido las más vulnerables de la pandemia y sobre quienes han recaído responsabilidades de trabajo y cuidados ante la ausencia de la escuela, espacios de paz e indispensables para combatir la desigualdad de género».
La iniciativa, denominada Proposición no de Ley relativa a la Participación en Iniciativas internacionales de Educación en cumplimiento del ODS4, se ha presentado para su debate en las comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de Educación.
FORTALECER EL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN
Mediante esta propuesta, se plantea que la Cámara inste al Ejecutivo a contribuir en aquellos países «con mayores índices de pobreza, desigualdad e inequidad» al fortalecimiento del sistema público de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover el derecho humano a una educación inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas (ODS4).
Asimismo, se pide proveer a la Alianza Mundial por la Educación de un presupuesto plurianual de 2021 a 2025 que, junto a las contribuciones de terceros estados, garantice su plan de acción para la mejora educativa de hasta 175 millones de niños y niñas en 87 países, la escolarización de 88 millones y el ahorro de 16.000 millones de dólares para los países empobrecidos.
En clave nacional, aboga por seguir trabajando «por la escolarización completa» en España «e impulsando medidas para la erradicación de las desigualdades y discriminaciones educativas del alumnado, poniendo especial énfasis en aquellas que son fruto de la renta, origen, etnia, discapacidad, género, orientación e identidad sexual».
