El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó la pieza política de los ERE, notificará finalmente este viernes a las 13,30 horas el auto con su decisión sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción prisión sin fianza para los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política de los ERE, al ver incrementado, tras la sentencia y los nuevos encausamientos judiciales, el riesgo de fuga.
Así lo ha decidido el tribunal tras la solicitud por parte del abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, de tres días de plazo, que se ha visto reducido a este viernes a las 11,00 horas, para aportar nuevas pruebas que completen las alegaciones de la Fiscalía sobre las causas que tiene abiertas su cliente, ya que, a su juicio, los argumentos expuestos «no responden a la realidad».
Al respecto, ha explicado que el Ministerio Público ha señalado en la vista que el exconsejero va a ser enjuiciado en las piezas de Acyco y Surcolor «cuando hay resoluciones de exclusión dictadas por la Sección Séptima de la Audiencia, bajo el criterio ‘non bis in ídem’, que han dejado sin efecto» el enjuiciamiento de Fernández en estas causas.
Todo ello tras un receso de 15 minutos en el que el tribunal ha decidido que este plazo culminará este viernes a las 11,00 y que dos horas y media después, a las 13,30 horas, le notificará el auto a los cuatro ex altos cargos.
Por otro lado, en cuanto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de la prisión al ver incrementado el riesgo de fuga, las cuatro defensas se han opuesto alegando al respecto que no existe tal riesgo, «ya que durante todos estos años de instrucción han colaborado con la justicia y además cuentan con arraigo familiar y carecen de medios económicos para darse a la fuga».
A su vez, las defensas han mantenido en sus exposiciones que la Fiscalía «no ha fundamentado» ese riesgo de fuga y han insistido en que desde que se inició la instrucción, hace ocho años, «siempre han mantenido una actitud de colaboración con la justicia», además de alegar que estos «cobran entre 400 y 700 euros mensuales, al tener embargados sus salarios y sus bienes inmuebles», por lo que consideran «imposible» que se den a la fuga.
Cabe recordar que Guerrero además ya está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia que está recurrida y que también condena a Juan Márquez a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.
GUERRERO Y FERNÁNDEZ YA HAN ESTADO EN LA CÁRCEL
Guerrero fue el primero que pisó la cárcel cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el 10 de marzo de 2012 como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la prisión después abonar 50.000 euros de fianza, volviendo a la cárcel en marzo de 2013 y saliendo tres meses después.
Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en el mes de agosto de ese mismo año tras pagar una fianza de 450.000 euros. En aquellas fechas, su abogado remarcó que el pago de esta fianza, que se abonó en metálico, fue posible gracias a «la ola de solidaridad» que protagonizaron tanto «amigos de Fernández como ciudadanos anónimos», que, «de forma voluntaria» y desde que se conoció la cifra a la que ascendía esta fianza, que «excedía sus posibilidades económicas», fueron aportando «pequeñas cantidades» hasta que se logró reunir la suma total.
En su auto de prisión, la juez Alaya consideró que el exconsejero «habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos».
En total, tras la sentencia de la ‘pieza política’ del caso ERE 19 de los 21 ex altos cargos juzgados han resultado condenados, diez de ellos a penas de prisión, nueve únicamente a la inhabilitación, entre los que se encuentra el expresidente Manuel Chaves, y sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, han sido absueltos de todos los delitos.
