La Diputación de Cádiz ha concitado una voz única de todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia en defensa de sus competencias, de su independencia y de su auténtica naturaleza como lo que son: una parte esencial del Estado. La presidenta Irene García ha leído un manifiesto en presencia de los representantes de las corporaciones locales, frente al monumento a las Cortes de Cádiz, en la Plaza de España de la capital de la provincia.
Según García, en una difícil lucha contra los efectos de la pandemia, el poder municipal de la provincia de Cádiz reclama liberarse de tutelas y ser considerado como el ámbito de la administración más eficaz y eficiente en la gestión de los recursos públicos, la que de forma más directa viene dando respuesta a las necesidades de los vecinos y la que padece una brecha de desigualdad a la hora de asumir competencias que deben soportar por la vía de los hechos ante la angustia de miles de familias sin poder contar con los recursos económicos necesarios para poder desempeñarlas”, según ha indicado Irene García.
En el manifiesto leído por la presidenta de la Diputación las corporaciones locales de la provincia reclaman a la Junta de Andalucía dentro de sus competencias, “impulsar de manera inmediata instrumentos extraordinarios de generación de empleo, con el doble objetivo de paliar los efectos de la pandemia en el mercado laboral y de propiciar una disminución de la brecha de desigualdad que ya se padecía antes del inicio de esta crisis”. También solicitan recibir la información necesaria, en tiempo y forma, en materia de prevención y combate de la pandemia, percibir la financiación suficiente para poder sostener aquellos servicios y políticas que los consistorios han tenido que asumir para no dejar desamparado a los vecinos
El manifiesto también reclama al Gobierno de la Nación, La activación de mecanismos extraordinarios de auxilio que permitan atender aquellas necesidades financieras que puedan derivarse de necesidades sobrevenidas. a toma en consideración de su solicitud para que puedan ser receptores y gestores directos de aquellos recursos económicos que se dirijan a dar respuesta a las necesidades extraordinarias en el ámbito territorial de su competencia y la posibilidad de optar a la gestión directa de aquellos mecanismos financieros procedentes de los fondos Next Generation, impulsados por la Unión Europea para la recuperación europea, de los que podamos ser beneficiarias”.