El Ministerio de Justicia ha asegurado este lunes que su propuesta de reforma de la Ley del ‘solo sí es sí’ da herramientas a los jueces para que tengan menos margen de interpretación a la hora de imponer las penas a agresores sexuales, mientras que la que reclamaba Igualdad en su última propuesta disparaba las penas llegando a la desproporcionalidad.
La propuesta del departamento que dirige Pilar Llop recoge la violencia y la intimidación como un subtipo, elevando las penas, tanto en los casos de agresión sexual –de 1 a 5 años de prisión, frente a las de 1 a 4 años del ‘solo sí es sí’–, como en aquellas agresiones en las que hay penetración (violación) –que pasa de los 4 a 12 años que recoge la ley de Igualdad, a una horquilla de entre 6 y 12 años–.
Fuentes de Justicia han explicado que tocando el tipo básico de la ley la imposición de las penas será más proporcionada y adecuada lo que, según han señalado, también redundará en una mejor protección de las víctimas. Lo que, según han apuntado estas fuentes, no era de recibo es que un robo con violencia tuviera un mayor castigo penal que la libertad sexual de una mujer.
La reforma también tiene incidencia en el caso de los reincidentes. A estos casos siempre se le aplica la mitad superior de las penas, según han indicado las fuentes de Justicia, que recuerdan que no es lo mismo la mitad superior de una horquilla de 1 a 4 años (2 años y un día), que la de una horquilla de 1 a 5 años (2 años, seis meses y un día).
LA PROPUESTA DE IGUALDAD, INVIABLE
Para el Ministerio esta era la reforma que había que hacer ante la situación generada por la Ley del ‘solo sí es sí’ y no veía viable la última propuesta que le hizo Igualdad este fin de semana y que, según han indicado las mismas fuentes, hubieran disparado las penas.
Desde Justicia señalan que la intención del equipo de Irene Montero era contemplar la violencia como un agravante. Al aplicarlo de esta manera, se sumaría la pena del agravante al tipo básico (en el caso de violación hasta 12 años) por lo que, según apuntan las fuentes del Ministerio, el agresor podría llega a ser condenado a 15 años de prisión, una cifra que no sería compatible con el discurso antipunitivista que se ha reclamado desde Igualdad.
Justicia también advierte que esta medida iría en contra del Convenio de Estambul que pide que la violencia extrema sea un agravante. Si se pone como agravante la violencia y la intimidación, según alerta justicia, se desvirtúa este concepto.
Sobre las acusaciones que desde dicho Ministerio se ha lanzado contra el PSOE acerca de que iba a desvirtuar el consentimiento poniendo la carga de la prueba en la violencia, Justicia ha señalado que con esta reforma las víctimas que demuestren la violencia, no tendrán que demostrar el consentimiento, porque se determina que en dichas circunstancias no podría consentir. Esto se amplía también a situaciones en las que la víctima vea anulada su voluntad, según han explicado.
«SE HA DESENFOCADO EL PROBLEMA»
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que, en este sentido, «se ha desenfocado el problema» que son las rebajas de penas. Tal y como han indicado desde el Ministerio que dirige, en un Estado de Derecho y en una democracia, quien denuncia siempre tiene que demostrar que ha habido violencia, en cualquier delito. Desde Justicia lamentan que se hayan dado mensajes confusos a la sociedad, como que con la Ley del ‘solo sí es sí’ no hubiera que probar la violencia.
«Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos», ha señalado Llop.
A su juicio, la subida de penas que se ha realizado desde su Ministerio «es una decisión política». «Y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer», ha concluido.
