La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga desde este martes a cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales de Trabajo, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que «pertenecían al círculo de amigos y familiares» del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados.
Según la diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera ha fijado el inicio de la vista oral para este 8 de enero, siendo ésta la primera de las once sesiones y en la se expondrán las cuestiones previas de las partes personas, la Fiscalía, la acusación ejercida por la Junta de Andalucía y las seis defensas.
Las declaraciones de los acusados están previstas para los días 10 y 15 de enero, mientras la fase testifical se desarrollará previsiblemente los días 16, 22, 29 y 30 de enero y 5 de febrero. Para la presentación de las conclusiones e informes finales se han fijado tres sesiones, el 13 de febrero y 12 y 13 de marzo.
Cabe recordar que la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, en junio del pasado año dictó auto de apertura de juicio oral e impuso una fianza de 2.556.036,20 euros a los seis acusados, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, y al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado.
La magistrada abrió juicio oral contra todos ellos por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
Cabe recordar que Guerrero, Márquez, Aguado y Medina han sido juzgados recientemente en la Audiencia por la pieza de los ERE por el procedimiento específico, cuyo juicio quedó visto para sentencia antes de Navidad.
LA FISCALÍA PIDE 10 AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en este procedimiento.
De este modo, reclama para los cinco ex altos cargos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.
Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades «indebidamente» percibidas desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la entidad Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.
A juicio del Ministerio Público, todos los acusados «se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación» de Umax, «a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello».
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los pagos derivados de este tipo de contratación «se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados».
Asimismo, señala que «se ha podido comprobar» que el personal contratado por Umax «prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va desde el año 2003 hasta el año 2010».
El Ministerio Público asevera que los trabajadores que fueron contratados «pertenecían al círculo de amigos y familiares» de Guerrero, que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, cargo en el que le sustituyeron Juan Márquez, entre 2008 y 2010, y Daniel Alberto Rivera, de 2010 a 2012, añadiendo que estos dos últimos, «conocedores de la irregularidad en la forma de contratación, consintieron y siguieron contratando a estas personas con el fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial personal».
De su lado, afirma que los dos ex secretarios generales técnicos encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería fueron Francisco Javier Aguado Hinojal, que desempeñó su cargo desde 2004 hasta 2008, y Lourdes Medina Varo, que lo hizo hasta mayo de 2012.
LA JUNTA PIDE 11 AÑOS DE CÁRCEL PARA GUERRERO
Cabe recordar que la Junta de Andalucía, personada como acusación, ha solicitado once años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero; siete años de prisión y 23 de inhabilitación para Juan Márquez, y 16 años de cárcel para el administrador único de Umax, mientras que no ha acusado a los otros tres ex altos cargos procesados por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla.
De igual modo, la Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros, en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa.
Estas diligencias se abrieron tras un escrito presentado en abril de 2013 por el gabinete jurídico de la Junta y dirigido inicialmente al Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular era entonces Mercedes Alaya, para su unión al caso de los ERE fraudulentos, aunque la magistrada consideró que no se trataba de hechos conexos y, por turno de reparto, la causa recayó finalmente en Instrucción 10.
