La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía concederá ayudas, dirigidas al sector de los medios de comunicación en la región y a entidades sin ánimo de lucro profesionales, para financiar «actividades destinadas a concienciar a la población andaluza sobre las ‘fake news’ y a prevenir la desinformación, mediante la realización de proyectos de carácter socioeducativo y cultural, como actividades y proyectos de difusión que permitan identificar dichas malas prácticas y fomenten, por tanto, evaluar con sentido crítico la información que se recibe».
Ese es el objetivo del proyecto de la orden de la citada consejería por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a concienciar a la población andaluza sobre las ‘fake news’ y a prevenir la desinformación, que ha estado abierto al trámite de consulta pública previa entre los pasados días 10 de noviembre y 1 de diciembre.
Con este proyecto, según la información acerca del mismo consultada por Europa Press, la Junta busca responder a «estos tiempos de sobreabundancia de información» con «proliferación de ‘noticias falsas’, o confusión de información con opinión», en los que, según argumentan desde el Gobierno regional, «se hace necesaria la realización de actividades que permita identificar a la población esas malas prácticas buscando la veracidad de los hechos que, una vez fijados, ayuden a cada ciudadano formar su propia conciencia crítica».
Al poner en contexto este proyecto de orden, la Junta explica que, «de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 10.3.18.º del Estatuto de Autonomía», en su acción de gobierno «viene promoviendo de forma activa y ejecutando las actuaciones necesarias para facilitar la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social; el acceso a todos los niveles educativos y culturales que les permitan su realización personal y social; así como la expresión del pluralismo político, social y cultural de Andalucía a través de todos los medios de comunicación».
Además, desde la Junta aluden al artículo 207.1 del Estatuto de autonomía, que dispone que los «poderes públicos de Andalucía velarán (…) por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural».
Desde esa premisa de que resulta «necesaria la realización de actividades que permita identificar a la población esas malas prácticas buscando la veracidad de los hechos que, una vez fijados, ayuden a cada ciudadano formar su propia conciencia crítica», desde la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, encargada de la gestión de competencias en materia de medios de comunicación social y, «en particular, las relativas a la prensa escrita y a los nuevos medios de comunicación social asociados a las nuevas tecnologías, así como a los medios de comunicación audiovisuales», se ha decidido a «crear estas bases reguladoras» para la concesión de las referidas subvenciones.
