Las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple de 3/5 el establecimiento de pisos turísticos en su edificio, según adelantó la secretaria de Estado de turismo, Isabel Oliver, durante la reunión de la mesa de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para tratar de regular el alquiler de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España.
Además el Gobierno está analizando la concreción de una definición única de vivienda de uso turístico, además de la creación de un registro estatal único de este tipo de alojamiento como sistema o instrumento de control y regulación que les servirá a las Comunidades Autónomas.
A esta primera reunión de este grupo trabajo en la sede de Industria, asistieron los representantes del ramo de las CC.AA., del Ministerio de Fomento, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) con el objetivo de intentar clarificar y regular el alquiler de uso turístico en España.
El auge de este tipo de alquileres que se produce coincidiendo con una cierta desaceleración del crecimiento del sector turístico en España ha llevado al Ejecutivo a proponer la modificación de dos leyes clave en materia de vivienda para regular este fenómeno: la Ley de Arrendamientos Urbanos, para acotar el alquiler de temporada «una cuestión demandada por las comunidades autónomas para evitar lagunas en sus ordenamientos jurídicos», así como la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en el sentido de modificar la mayoría necesaria para realizar un cambio de estatutos.
La intención es otorgar a las comunidades de vecinos el poder de decidir sobre sus propiedades y lo que se hace en sus comunidades. Según dijo Oliver, todas las CC.AA. han mostrado unanimidad en la reunión en cambiar la LPH para rebajar la mayoría necesaria para la toma de cualquier tipo de decisiones. Se está estudiando cual sería este rebaje aunque la propuesta mayoritaria es que se sitúe en torno a los tres quintos en las votaciones.
SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL USUARIO Y PROPIETARIO.
La secretaria de Estado de Turismo ha destacado el papel de las CC.AA. y Administración local en materia de ordenación turística. «El Gobierno no va a entrar en ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma. Tenemos muy claro cuales son las competencias estatales y las de las comunidades autónomas. Las competencias en materia de ordenación turística son exclusivas de las Comunidades Autónomas. Cada CC.AA legisla según aquello que piense que va ser mejor a su comunidad», explicó la secretaria de Estado, puntualizando en que «no va a haber una armonización».
El Estado lo que está planteando es la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación que les servirá a las comunidades autónomas para verificar que se cumple su normativa.
Este registro sería un registro estatal único con la idea de dar seguridad jurídica tanto a la persona que alquila como a la que quiere alquilar. Estaría conectado con el Ministerio de Interior para en tiempo real saber las personas que están en cada una de las viviendas, conectado con Hacienda para que se cumplan las obligaciones tributarias. «Tendríamos un mapa de viviendas de uso turístico que ahora mismo no tenemos», explicó.
El Gobierno asegura que esta regulación de viviendas de uso turístico es una cuestión «muy compleja jurídicamente» porque intervienen competencias de Europa, del Estado, de Comunidades Autónomas, Consejos Insulares y Ayuntamiento.
DEFINICIÓN ÚNICA DE VIVIENDA DE USO TURÍSTICO.
El grupo de Trabajo también se encuentra en estos momentos discutiendo la propuesta sobre la definición única de vivienda de uso turístico. En estos momentos se está intentando llegar a un acuerdo de mínimos, la definición no está cerrada.
Finalmente, Oliver anunció que tras esta primera reunión dentro de unos días se retomará la reunión para concretar los acuerdos. Después habrá más reuniones donde se dará voz a aquellas entidades, plataformas, asociaciones de consumidores, sindicatos y aquellas personas con interés en el tema para escuchar su punto de vista «sobre una cuestión que afecta a toda la población».
