La ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María Luisa Carcedo, ha asegurado que llegarán «hasta donde se llegue» en la tramitación de la Ley frente a la violencia contra la infancia y esperan que en la próxima legislatura sea «una Ley prioritaria».
«La ley surge de un gran consenso parlamentario, no es esperable que haya reticencias de ningún organismo ni de ninguna CCAA. Llegaremos hasta donde lleguemos en la tramitación y esperemos que en la próxima legislatura sea una ley prioritaria», ha manifestado Carcedo en rueda de prensa tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial, que se ha celebrado este lunes 4 de marzo en el Ministerio de Sanidad.
Durante la reunión, la ministra ha informado a los consejeros de salud de las comunidades autónomas sobre la Ley de violencia contra la infancia porque, según ha precisado, aunque el Sistema Nacional de Salud «ya tiene una colaboración muy estrecha en la detección» de casos de violencia contra los niños, en la Ley se contempla una regulación específica. En este punto, ha precisado que ha recibido el visto bueno del Pleno.
Si bien, ha señalado que no se ha abordado el incremento del plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual a menores, que contempla la ley, porque es un tema más «jurídico» y en la reunión se han centrado en las medidas que afectan al Sistema Nacional de Salud, en concreto, del artículo 34 al 36 del anteproyecto.
En este sentido, ha precisado que a partir de la aprobación de la ley, se da un año para constituir una comisión específica que vele sobre cómo se aborda en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y por parte de los sanitarios la detección de posibles casos de maltrato en la infancia.
El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Si bien, la convocatoria de elecciones hace que este proyecto no se pueda tramitar en esta legislatura.
Entre otras medidas que venían siendo reivindicadas por las ONG, esta Ley establece que el plazo de prescripción de los abusos a menores empiece a contar desde que la víctima cumpla 30 años.
Actualmente, el plazo de prescripción de estos delitos empieza a contar cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. A pesar del aumento que prevé el anteproyecto, víctimas de abusos se concentraron el pasado 14 de febrero ante el Congreso de los Diputados para pedir que el plazo se amplíe hasta los 50, pues consideran que la propuesta de 30 años es «insuficiente».
El anteproyecto normativo, que pretendía modificar 11 leyes, establece un concepto de violencia amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. También incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de Internet.
Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores y prevé que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispongan de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores.
Asimismo, establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente; y obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años.
En el ámbito educativo, la ley dicta que los centros educativos deberán dotarse de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. La norma también prevé la elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria.
Asimismo, el anteproyecto contempla la creación de un registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia.
Además, establece que en todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.
