Las compañías ven con buenos ojos desacoplar el precio del gas del de la luz y rechazan un recorte de los llamados «windfall profits»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene esta mañana un encuentro, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los primeros ejecutivos de las principales compañías eléctricas, en el Complejo de la Moncloa.
Con este encuentro, Sánchez y Ribera buscan conocer la opinión de los primeros espadas de las principales compañías eléctricas que operan en España sobre las medidas que serían más adecuadas para contener los elevados precios de la luz, con el fin de amortiguar su impacto en la inflación, en los hogares y en los sectores con un consumo más intensivo de energía.
Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Gobierno está manteniendo con agentes sociales y sectores productivos para consensuar medidas que ayuden a frenar la espiral de precios.
Las compañías eléctricas son unánimes en señalar al gas como responsable de la actual situación, al tratarse de la tecnología que marca precio en el mercado marginalista, por lo que verían con buenos ojos la propuesta de desacoplar el precio del gas del de la luz, informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Las empresas también estiman que el Gobierno tiene margen para reducir temporalmente la fiscalidad de la energía en tanto se mantenga la actual situación de precios, a la vista de que España es el cuarto país de la UE que más grava la electricidad a los hogares, según datos de Eurostat correspondientes a la primera mitad de 2021.
Encabezan el podio de países con mayores impuestos en el recibo de la luz a los consumidores domésticos Dinamarca, Alemania y Portugal. Tras España, completan el ‘top ten’ de países con más carga impositiva Polonia, Austria, Eslovaquia, Italia, Chipre y Bélgica, por este orden.
Así, al impuesto de producción eléctrica, que es el que está cedido a las comunidades autónomas, hay que sumarle los peajes y el IVA. En la actualidad, este último está reducido temporalmente al 10% desde el 21% habitual.
Para hacer frente a la actual tensión de precios, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales.
Las empresas también apuestan por impulsar los contratos bilaterales a largo plazo para dar estabilidad, certidumbre y predictibilidad a los grandes consumidores de energía. Un PPA (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor.
Los precios que se están cerrando para 2023 y 2024 están bastante alejados de los precios de mercado actuales. De hecho, las compañías están firmando contratos para 2023 a 51 euros para plantas fotovoltaicas y de 35 euros para 2024. Estas cifras son todavía más bajas para los parques eólicos: 32 euros para 2023 y 34 euros para 2024.
Por ello, y dada la proliferación de estos contratos, descartan que estén percibiendo «beneficios caídos del cielo» en tecnologías que se estarían beneficiando de los altos precios marcados por el gas y rechazan cualquier medida que se adopte en este sentido, según destacan las mismas fuentes.
Las compañías también apuestan por aumentar la producción de energías renovables y respaldan la convocatoria de nuevas subastas de energía, como la prevista para la primera parte del año de 500 MW, si bien la expectativa de esta subasta podría estar llevando a los promotores a retrasar la presentación de ofertas en el mercado.
