El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha anunciado que, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo entre Caixabank y los afectados por la paralización hace más de una década de la promoción de viviendas proyectada en el polígono de San Juan Bautista, conocida como los Chinchorros, la entidad bancaria abrirá en la ciudad una Oficina de Atención a los Afectados. En paralelo a la resolución de cada una de las casuísticas personales por parte de esa oficina, el Ayuntamiento continúa trabajando en los trámites oportunos para la obtención de la licencia de obra con el objetivo de que pueda iniciarse antes de que acabe el año.
Martín Vila ha recordado que el Ayuntamiento viene mediando desde octubre de 2015 en este conflicto a petición de los afectados, que “vieron una oportunidad dentro del cambio de gobierno de que iba a haber mayor sensibilidad para arreglar una problemática de quienes son hasta ahora víctimas del ladrillazo”. Asimismo, ha destacado que la mediación del Gobierno local “permite solucionar una cuestión de ciudad, como es revitalizar el barrio de San José, que ha estado olvidado muchos años”.
Por ello, el Equipo de Gobierno intervino dirigiéndose directamente a la Caixa, que era quien ese momento tenía ya la propiedad de la parcela. Se inició entonces un calendario de reuniones, que se ha prolongado durante tres años, “con el objetivo de que la entidad reconociese parte de los derechos de aquellos que fueron víctimas de esta estafa”.
Se han sucedido multitud de encuentros hasta el acuerdo alcanzado en mayo, por el que aquellas personas que pusieron sus expectativas en conseguir una vivienda en esta promoción, bien a través de la aportación de cantidades o mediante la permuta de terreno, “ven ahora como sus derechos reconocidos en el concurso de acreedores van a tener una satisfacción y van a poder poner fin a un drama que llevan arrastrando 15 años”.
Así, tal y como se determinó en una reunión mantenida a principios de julio y dentro del plazo establecido para ello, los afectados han trasladado por escrito a la entidad a cuál de las opciones que se pusieron sobre la mesa se van a acoger, esto es, si optan por continuar en la promoción –para lo que tendrán que realizar algún preacuerdo de compra a futuro de la promoción que realice Caixabank y que recoja tanto el precio como las cantidades que se entiendan entregadas a cuenta- o si prefieren recuperar parte de las cantidades entregadas en su día y que fueron reconocidas en el concurso de acreedores. Ahora, a través de la oficina que pondrá en marcha en la ciudad, la entidad bancaria atenderá personalmente a cada uno de los afectados, tanto si están representados en la asociación constituida en su día como si no.
Vila ha explicado que durante estos años de negociaciones entre las partes, la mediación municipal para que encontrasen un punto de equilibrio ha estado también vinculada a cómo facilitar el mantenimiento del edificio actual desde el punto de vista del ahorro de costes y del aprovechamiento de los recursos. En este sentido, ha señalado que “hicimos algo que no se había hecho en el Ayuntamiento en mandatos anteriores, que era caducar la anterior licencia de obra y poner a todo el personal técnico de la Delegación de Urbanismo a trabajar para ver cómo se podía otorgar una licencia de obra a futuro manteniendo el actual edificio, el cual se hizo con un código técnico previo al actual y que, por tanto, había que adaptar”.
El responsable de Urbanismo ha comentado que el acuerdo alcanzado también implicaba el compromiso de Caixabank de seguir avanzando en la urbanización de todo el exterior, lo cual supone “otro punto importante para la ciudad” en la medida de que en la misma unidad de ejecución hay una parcela de Procasa. Así, el desarrollo y el impulso a la gestión de esta parcela de los Chinchorros también implicará servicios y suministros en la que a futuro promocionará la empresa municipal de vivienda.
Finalmente, Martín Vila ha subrayado que el Equipo de Gobierno ha utilizado un recurso que ha sido el “urbanismo social”, significando que “una sociedad que ha tendido a entender el urbanismo como una herramienta de pelotazo y especulación está viendo ahora cómo somos capaces de hacer urbanismo de otra manera. Un urbanismo como herramienta de resolución de conflictos, y no solo regenerando el espacio público de otra manera y con otro fin, sino también desbloqueando situaciones y heridas abiertas que había en la ciudad, aprovechando, además, para rescatar a las familias que en su día se vieron golpeadas por la crisis estafa”.
