La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que le reclama en nombre del Gobierno provincial y de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, y en virtud del acuerdo alcanzado en el último Consejo de Alcaldías, que se recuperen las medidas de fomento del empleo en el ámbito municipal y que, de una vez por todas, se dé respuesta a una reclamación que viene de lejos en la provincia de Cádiz, como es la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo.
Irene García responde así a la demanda que los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia le trasladaron en los encuentros mantenidos la pasada semana -uno del Consejo de Alcaldías, con los regidores de los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas; y otro con los de los municipios con más de 20.000 habitantes– y en los que, coincidiendo con la propia titular de la Diputación, manifestaron su honda preocupación por la situación sociolaboral de las respectivas poblaciones, especialmente agravada por la crisis sanitaria del COVID-19 y su repercusión en el empleo.
La presidenta recuerda a Moreno Bonilla en su misiva que “los datos de desempleo de esta provincia han sido, tradicionalmente, terribles. se ha llegado a situaciones dramáticas, como cuando en 2014, en plena crisis, el primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) arrojaba unos datos durísimos para Cádiz con 254.300 desempleados, un 43,23 por ciento”.
en la provincia de Cádiz hay 180.898 parados.
García expone igualmente que las últimas estadísticas disponibles, las del Ministerio de Trabajo, hablan de que en la provincia de Cádiz hay 180.898 parados.
Hay que recordar que ante estas circunstancias la Diputación de Cádiz, en sólo dos meses de pandemia, está realizando un sobreesfuerzo y ha movilizado casi 27 millones de euros de recursos propios, lo que ha obligado a modificar el presupuesto de 2020 y a invertir el 20 por ciento del superávit del año anterior, el porcentaje máximo permitido por la normativa.
Irene García concluye considerando que la suma de esfuerzos de otras administraciones, con la puesta en marcha de las medidas reclamadas a la Junta de Andalucía “atenuarían las dificultades por las que ya están pasando decenas de miles de familias y que todo hace presagiar que se extenderán durante los próximos meses”, según ha asegurado.
