Save The Children ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso que «aparquen las disputas partidistas» y apoyen el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que convertirá a España en el país «con el marco de protección más ambicioso de Europa y probablemente del mundo».
El texto se votará este jueves en el Pleno del Congreso, para continuar su tramitación en el Senado y, según prevé la ONG, si continúa por la vía de urgencia, la ley podría estar publicada en el Boletín del Estado (BOE) «en junio».
«Es el momento de aparcar las disputas partidistas y apoyar de modo cerrado y decidido este gran consenso sobre la protección a la infancia y la adolescencia», ha subrayado el director de Save The Children en España, Andrés Conde, este miércoles en rueda de prensa.
La ONG de infancia, que estará presente este jueves 15 de abril en el Congreso de los Diputados para asistir a la votación de la ley en el Pleno, aprovechará para entregar el medio millón de firmas que han recogido «como expresión del respaldo social que tiene esta ley».
Para Andrés Conde, este jueves será «un día importantísimo para la infancia después de más de 12 años de lucha de los supervivientes de la violencia», como el pianista James Rhodes, que sufrió abusos en su infancia y que ha luchado por la aprobación de esta ley. Por él, el texto se conoce como ‘ley Rhodes’.
RHODES: «HA SIDO UNA BATALLA AGOTADORA»
Rhodes se ha mostrado «muy agradecido y positivo» ante la votación de esta ley, aunque ha precisado que «la batalla ha sido larga y agotadora». «Me ha costado mucho, el precio ha sido tan fuerte, casi me mata, pero al final, vale la pena», ha asegurado, al tiempo que ha dicho que «es emocionante que España sea número uno del mundo en protección a la infancia».
También se ha dirigido a los políticos para decirles que «piensen en sus hijos». «Les ruego que no demoren más el proceso que ya más de 12 años es una barbaridad», ha puntualizado.
El director de Save The Children España ha enumerado algunas razones por las que considera esencial aprobar la nueva ley: «porque es una violencia invisibilizada; porque «es impune, sale muy barata a los agresores»; y porque «es de alta prevalencia en el país, aunque no existe conciencia social».
Según ha expuesto Conde, cada año se denuncian mas de 38.000 casos de violencia a la infancia, y en casi uno de cada dos casos de abuso sexual que se denuncian la víctima es un menor. No obstante, calculan que esto es solo «la punta del iceberg» pues «la mayoría» de la violencia queda oculta en el ámbito familiar.
Además, ha advertido de que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes tiene «efectos devastadores en la salud física, mental y emocional» de los menores; y ha subrayado la importancia de la ley para acabar con el «amplio nivel de tolerancia social que existe en España» a este tipo de violencia.
«Si ocurre en el ámbito familiar decimos que son cosas de familia; en el colegio, que son cosas de niños. Si vemos a un hombre levantar la mano a una mujer se nos revuelve algo, pero contra un niño no sentimos la misma repugnancia», ha alertado.
En cuanto a las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Catalina Perazzo, ha destacado que se han introducido «avances muy importantes», como que todos los niños deban ser escuchados en los procedimientos que les afecten, que se establezcan entornos seguros, la especialización de los profesionales, o los mecanismos adaptados, seguros y confidenciales para denunciar.
NO CONSIDERAR A LOS FUNCIONARIOS AGENTES DE LA AUTORIDAD
Sin embargo, considera que hay «espacio de mejora» y cree que deberían introducirse algunas enmiendas como la de eliminar la consideración de los trabajadores de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad porque «podría desequilibrar la balanza» entre la administración y los niños y sus familias, ya que ser agente de autoridad proporciona la presunción de veracidad.
«No es lo mismo agredir a un agente de autoridad que a cualquier persona. No queremos decir que las familias tengan que agredir o que esté bien, pero en una situación tan compleja en la que se debate si el niño debe salir de la familia, la tensión que hay puede hacer que haya un gesto feo o una mala palabra por parte de los progenitores», ha explicado Perazzo.
Por otro lado, lamentan que no se vaya a votar este jueves una mejora que consideran muy importante, pero que esperan que a su paso por el Senado se vuelva a tener en cuenta, como es que la obligación de recurrir a la prueba preconstituida –que se pueda grabar el testimonio de la víctima menor para evitar su revictimización–, se amplíe hasta los 16 años, frente a los 14 años que se proponen en el texto.
Igualmente, ha destacado el avance introducido en el texto sobre la violencia obstétrica, que era una petición de las organizaciones de infancia, y ha destacado que, con respecto al primer borrador «se ha reforzado mucho el lenguaje».
Sobre la petición de que el plazo de prescripción de abusos sexuales a menores empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 40 años en lugar de 30, como recoge ahora el proyecto, Save The Children apuesta por «ampliar cuanto más se pueda» ese plazo aunque confía en que con las «facilidades» que pone la nueva ley, «no haga falta y las víctimas se sientan realmente seguras» para denunciar antes.
Acerca del argumento de algunos grupos políticos para votar en contra (PNV) o para abstenerse (ERC y EH-Bildu) en la votación del dictamen en Comisión, que afirmaban que había invasión competencial, la ONG de infancia considera que no la hay y destaca que, en cualquier caso, estos grupos parlamentarios están «conformes con la urgencia» de esta ley. El resto de grupos votaron a favor, excepto Vox que votó en contra.
