Una veintena de organizaciones y más de un centenar de profesores han firmado este martes, día oficial de la apertura del curso escolar para Educación Infantil y Primaria, un documento en defensa de la educación pública en Andalucía en el que denuncian el «cierre de unidades», que supone la «reducción» de más de 8.000 plazas educativas en las escuelas públicas de 0 a 16 años, colegios rurales y centros específicos de educación especial, el «incumplimiento» de ratios máximas permitidas y la «pérdida» de empleos docentes.
Según un comunicado, estos datos han sido dados a conocer en una rueda de prensa en Granada en la que han participado Amparo Grosso, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Cristina Faciaben, de FASE CGT, Estela Gil, de la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa), Juan Helios García, de Frente de Estudiantes Andalucía, y Miguel Ángel Castillo, de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea).
Para las entidades y personas firmantes, la aplicación de «políticas de liberalización diseñadas y puestas en marcha por el nuevo Gobierno andaluz están produciendo un deterioro y desmantelamiento progresivo del sistema de educación público andaluz, entendido desde los 0 años a la enseñanza universitaria».
Aseguran que el descenso demográfico de la población andaluza, hecho innegable, «no explica por sí solo el cierre de unidades en centros públicos, que viene produciéndose desde hace años y vuelve a tener lugar este curso que comienza con 333 líneas menos, ya que el número de unidades en centros privados concertados prácticamente se ha mantenido estable, e incluso se ha incrementado en algunos niveles educativos.»
Además, quienes suscriben el documento, entre los que se encuentran organizaciones educativas, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, feministas, memorialistas y antirracistas, entre otras, critican que a pesar de las declaraciones del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, en las que afirmaba que Andalucía arranca el curso con la ratio más baja de la última década, con 21 alumnos y alumnas por aula, «la realidad es que en la comunidad autónoma se superan las ratios de forma ilegal –con más de 25 alumnos– en infinidad de unidades».
Por otro lado, explican que también está teniendo lugar «una fuerte pérdida» de empleos docentes en el sector público, que «se ceba en el numeroso colectivo de personal interino». Del mismo modo, «la precariedad está siendo especialmente dura con los trabajadores de servicios subcontratados, como son el personal de comedor, transporte escolar, administración y limpieza, así como con aquellos que apoyan al alumnado con necesidades educativas específicas», añaden.
Asimismo, señalan como «extremadamente preocupante el aumento de la Formación Profesional privada/concertada y la posible anulación de la bonificación de matrícula en las universidades andaluzas».
«MUCHOS CENTROS CON RETRASOS EN OBRAS DE BIOCLIMATIZACIÓN»
En cuanto a las infraestructuras, recuerdan que «hay muchos centros educativos públicos con retrasos en obras de bioclimatización«, que, sentencian, «no pueden seguir posponiéndose». Además, añaden que «la reciente ampliación de financiación en este sentido a los centros concertados supondría la pérdida de la inversión pública en caso de que el concierto se perdiera».
Los colectivos y demás firmantes del documento consideran que «se están cuestionando principios que ya cuentan con el consenso de la sociedad andaluza», como son el feminismo, el laicismo, la memoria histórica, el reconocimiento de las diversidades y la ecología. Afirman «querer aulas tan diversas como diversa es la sociedad andaluza» y consideran que «solo la educación pública es garantía de una sociedad participativa y libre, que asegure la igualdad de oportunidades».
Es por ello que concluyen afirmando que «cualquier ataque a la educación pública supone socavar un derecho humano fundamental».
